La Superintendencia Financiera de Colombia impuso una multa de 3.821 millones de pesos a Fiduciaria Itaú por incumplimientos relacionados con el proyecto inmobiliario El Pedregal, ubicado en la calle 100 con carrera 7, en Bogotá.
La sanción surgió tras una demanda interpuesta por Seaweed International Business, propiedad de Hollman Carranza, hijo del fallecido empresario y zar de las esmeraldas Víctor Carranza.
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El proyecto El Pedregal, conocido como “el elefante blanco”, se concibió como un ambicioso desarrollo que incluía dos torres de oficinas, un centro comercial y espacios comerciales.
Sin embargo, problemas financieros, modificaciones en el contrato de fiducia y factores externos han impedido su finalización, dejando a los inversionistas afectados y el terreno en estado de abandono.
Los argumentos de la sanción
La Superintendencia Financiera determinó que Fiduciaria Itaú no cumplió con sus obligaciones de proteger los intereses de los fideicomitentes ni de supervisar adecuadamente los riesgos asociados al proyecto.
Según la entidad reguladora, Itaú no emitió alertas sobre los problemas financieros que enfrentaba Aldea Proyectos, la constructora encargada de la obra, ni consideró los impactos de las decisiones distritales en la viabilidad del desarrollo.
Seaweed International Business presentó la demanda argumentando que los retrasos y la gestión inadecuada afectaron sus intereses como inversionista. Hollman Carranza adquirió oficinas en el proyecto por 2.466 millones de pesos, inversión que permanece sin retorno debido al estancamiento del desarrollo.
La Fiduciaria Itaú defiende su gestión
En respuesta, Fiduciaria Itaú apeló la sanción, asegurando que su rol es exclusivamente administrar los bienes transferidos bajo los términos del contrato de fiducia y las instrucciones de los fideicomitentes. La fiduciaria afirmó que no tiene responsabilidad en la financiación ni construcción del proyecto.
Además, destacó que en un fallo anterior sobre el mismo caso, la Superfinanciera concluyó que no había responsabilidad de la fiduciaria, lo que, según Itaú, resulta contradictorio frente a la reciente sanción.
La entidad expresó su desacuerdo con el fallo, argumentando que “no refleja adecuadamente los hechos ni las pruebas presentadas”.
Un desarrollo inconcluso
El Pedregal fue presentado en 2014 como una iniciativa de renovación urbana durante la alcaldía de Gustavo Petro. El terreno fue aportado por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), valorado en 577.813 millones de pesos, a cambio de derechos sobre oficinas y utilidades de parqueaderos.
Según la investigación del medio Las2Orillas, la constructora Aldea Proyectos avanzó en un 40% de la obra, pero en 2019 los trabajos se detuvieron. La empresa justificó la suspensión por los posibles cambios en la licitación de Transmilenio por la carrera Séptima. No obstante, otras versiones apuntan a problemas financieros de la constructora como causa principal del estancamiento.
Durante las alcaldías de Enrique Peñalosa y Claudia López, el proyecto continuó en abandono. Aldea Proyectos demandó al Distrito por 500.000 millones de pesos, argumentando que el Corredor Verde alteró las condiciones iniciales del contrato. Aunque se planteó inaugurar el centro comercial en 2025, no se han observado avances significativos, de acuerdo al medio mencionado.
El impacto en los inversionistas
El fracaso del proyecto dejó a decenas de inversionistas afectados, entre ellos empresas como Barragán e hijos y CIA SAS, Bbbva Asset Management Advisory S.A.S., y personas naturales que adquirieron oficinas y locales comerciales. Ninguno de los afectados ha logrado recuperar su dinero ni acceder a los inmuebles.
Aldea Proyectos fue admitida en un proceso de reorganización empresarial en junio de 2024 bajo la Ley de Insolvencia Empresarial. Según la Superintendencia de Sociedades, la empresa cuenta con activos valorados en 1.57 billones de pesos y pasivos de 726.480 millones de pesos. Sin embargo, esto no ha impulsado la reactivación del proyecto.
Según la fuente citada, el proyecto El Pedregal se ha convertido en un símbolo de los problemas que pueden surgir en desarrollos inmobiliarios mal gestionados. El terreno continúa acumulando polvo y ha quedado como una cicatriz visible en el norte de Bogotá, recordando las promesas incumplidas de renovación urbana.
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