El Ministerio de Justicia y del Derecho reveló un incremento del 58 % en el número de colombianos que se declararon en quiebra durante 2024 en comparación con el año anterior, y es que en 2023 hubo 1.420 solicitudes de insolvencia y para 2024, el número aumentó a 11.018 solicitudes.
Este fenómeno, que afecta a miles de personas en todo el país, refleja una compleja realidad económica, a pesar de ciertos indicadores positivos, como la reducción de la inflación al 5,2% y una tasa de desempleo que se mantiene en un dígito, cerrando noviembre en 8,2%.
Sin embargo, estas cifras no han sido suficientes para aliviar la presión financiera de los hogares, que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos económicos.
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De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los departamentos más afectados por esta situación son Bogotá, con 2.625 casos; Antioquía, con 1.883; y Valle del Cauca, con 1.498. Les siguen Santander y Atlántico, con 523 y 276 casos respectivamente.
Además, las deudas vencidas de los colombianos con los bancos, aquellas con una mora superior a 30 días, superaron los 30 billones de pesos al cierre de 2024, lo que evidencia la magnitud del problema.
En este contexto, la Ley 1564, conocida como la Ley de Insolvencia Económica, se ha convertido en una herramienta clave para quienes buscan reorganizar sus finanzas y evitar medidas drásticas como embargos o remates.
Según explicó Nelly Vanessa Méndez Farfán, representante legal de la firma Méndez y Méndez Abogados, esta normativa permite a los deudores negociar sus pasivos con bancos, prestamistas, administraciones públicas, la Dian, secretarías de movilidad e incluso con arrendadores.
La abogada destacó que este mecanismo no solo facilita acuerdos de pago, sino que permite eliminar reportes negativos en las centrales de riesgo, lo que representa un alivio para quienes buscan recuperar su estabilidad financiera.
“La buena noticia es que existe un salvavidas legal que permite negociar todos los pasivos de forma fácil y rápida”, afirmó Méndez Farfán.
El desempleo y las deudas, principales causas de quiebra personal en Colombia
Los problemas financieros derivados de la pérdida de empleo y el acceso a créditos con altas tasas de interés se han convertido en factores determinantes para que muchas personas en Colombia enfrenten la insolvencia económica.
Según un estudio de la firma Insolvencia Colombia e IFI - Inteligencia Financiera, la falta de trabajo es una de las razones más comunes por las que los ciudadanos se declaran en quiebra, una situación que refleja las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares en el país.
De acuerdo con el informe, la pérdida del empleo no solo implica la ausencia de ingresos regulares, sino que también puede desencadenar una serie de problemas financieros adicionales.
Sin un salario estable, muchas personas recurren a préstamos o al uso excesivo de tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades básicas, lo que a menudo agrava su situación económica.
Otro factor que contribuye a la quiebra es el desorden financiero. La falta de planificación y control en las finanzas personales puede llevar a una acumulación de deudas que resulta insostenible a largo plazo. Este problema se ve exacerbado por la falta de educación financiera, que dificulta a muchas personas manejar adecuadamente sus ingresos y gastos.
El informe también destacó que el uso desmedido de tarjetas de crédito es otra de las principales razones por las que los colombianos enfrentan problemas de insolvencia. La facilidad para acceder a este tipo de financiamiento puede llevar a un gasto excesivo, especialmente cuando no se realiza un seguimiento adecuado de las deudas acumuladas.
Además, las tasas de interés en el país dificultan la posibilidad de refinanciar deudas existentes. Esto significa que, incluso cuando las personas intentan reorganizar sus finanzas, los costos asociados a los intereses pueden hacer que sea prácticamente imposible reducir sus obligaciones económicas.
Requisitos y proceso para acogerse a la Ley de Insolvencia
Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos. Según detalló Méndez Farfán, no pueden ser comerciantes activos, representantes legales ni poseer más del 50% de las acciones de una empresa. Además, deben tener al menos dos deudas vencidas con más de 90 días de atraso. La solicitud debe presentarse en la ciudad de residencia del solicitante y el proceso inicia en un Centro de Conciliación, una notaría o una Cámara de Comercio, donde se evalúa la viabilidad del caso.
Una vez admitida la solicitud, los acreedores deben informar el monto exacto de la deuda, incluyendo capital e intereses. Posteriormente, el deudor presenta una propuesta de pago que puede centrarse únicamente en el capital, excluyendo los intereses. Si los acreedores aceptan la propuesta, se firma un acuerdo de pago; de lo contrario, se procede a la liquidación patrimonial.
El proceso tiene un plazo de 60 a 90 días para alcanzar un acuerdo que permita saldar las deudas. Este mecanismo busca ofrecer soluciones efectivas para reorganizar las obligaciones financieras y brindar un respiro económico a los deudores en situación de dificultad.
El aumento en los pasivos relacionados con préstamos de vehículo, libranzas, tarjetas de crédito y créditos de libre inversión, que crecieron un 50% en 2024, ha llevado a más colombianos a considerar esta alternativa legal. Según Méndez Farfán, la Ley de Insolvencia ayuda a evitar medidas judiciales y permite a los deudores establecer plazos de pago de hasta cinco años o más, dependiendo de sus ingresos.
Entre los beneficios adicionales de acogerse a este proceso se encuentra la suspensión de los procesos jurídicos en curso, incluidos embargos y remates. Esto otorga a los deudores la posibilidad de reorganizar sus finanzas sin la presión de acciones legales inmediatas.
Aunque la economía colombiana ha mostrado ciertos signos de recuperación, como la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, la desaceleración económica sigue afectando a los hogares. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, la creciente cifra de personas en quiebra refleja tanto la falta de recursos para cumplir con las obligaciones financieras como el interés por aprovechar los nuevos mecanismos legales disponibles.
El panorama financiero de 2024 deja en evidencia la necesidad de medidas adicionales para apoyar a los colombianos en la recuperación de su estabilidad económica. Mientras tanto, herramientas como la Ley de Insolvencia Económica se posicionan como una opción viable para quienes buscan reorganizar sus finanzas y superar las dificultades económicas.
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