
El periodo de Margarita Cabello al frente de la Procuraduría General de la Nación estuvo marcado por una relación difícil con el presidente Gustavo Petro, que mostró constantes diferencias con la institución durante su administración.
Según Cabello, en diálogo con El Heraldo, estas tensiones surgieron principalmente por discrepancias sobre el papel que desempeña la Procuraduría en Colombia. Desde su perspectiva, el ente de control es indispensable para garantizar el respeto a la Constitución, proteger los derechos ciudadanos y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.
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“Es evidente que entre el Gobierno y la procuradora existen diferencias de perspectiva sobre el papel que desempeña la PGN en una democracia. Siempre he considerado que entes de control como este son indispensables para garantizar el respeto a la Constitución y las leyes, proteger los derechos de los ciudadanos, equilibrar los poderes del Estado, combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones”, señaló.
Cabello aseguró que la naturaleza de las funciones de la Procuraduría —especialmente la capacidad de investigar y sancionar a funcionarios públicos, incluidos los elegidos popularmente— inevitablemente genera incomodidades. Durante su gestión, esta facultad fue uno de los mayores puntos de conflicto con el Ejecutivo, que, según dijo, intentó debilitar las competencias de la entidad e incluso explorar propuestas para reducir su impacto institucional.

“Sin estas entidades, el poder podría volverse arbitrario, poniendo en riesgo el sistema democrático. Estas diferencias se han reflejado en la actitud de las entidades gubernamentales frente a nuestros requerimientos y al ejercicio de nuestras funciones, lo que ha dificultado nuestro trabajo, especialmente ante la intención manifiesta de debilitar o eliminar la Procuraduría”, añadió.
A pesar de las críticas y los retos planteados desde el Gobierno, Cabello defendió con determinación el papel de la Procuraduría. Destacó que las decisiones de las altas cortes avalaron la capacidad de la institución para sancionar a servidores públicos elegidos popularmente, consolidando una tradición jurídica que protege el equilibrio institucional en Colombia.

Otra fuente de fricción con el Gobierno fue el tema presupuestal. Cabello señaló que los recortes impuestos al presupuesto de la Procuraduría y el retraso en la entrega de recursos afectaron gravemente la autonomía e independencia del ente de control. Afirmó que estas restricciones no solo dificultaron las labores de la institución, sino que representaron un riesgo para la democracia, al limitar la capacidad de supervisar al Estado y garantizar la transparencia.
“Hubo propuestas y acciones claras para debilitar a la Procuraduría, como intentos de recortar competencias, exclusión en discusiones de reforma a la justicia y restricciones presupuestales. Sin embargo, defendí con determinación su papel como garante de la democracia y el equilibrio institucional, convencida de que debilitarla o eliminarla sería un grave error para el país”, expuso.
Más allá de las tensiones políticas, Cabello destacó los avances logrados durante su gestión, en especial la implementación de la Ley 2094, que modernizó las herramientas disciplinarias y permitió destrabar procesos suspendidos por decisiones internacionales. A su juicio, estos logros consolidaron a la Procuraduría como un pilar fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la protección de los derechos ciudadanos.

En cuanto a temas específicos, como la investigación en curso contra Nicolás Petro o las presuntas irregularidades en la hidroeléctrica de Urrá, Cabello aseguró que los procesos avanzan con rigurosidad y respeto al debido proceso. Sin embargo, insistió en que los retos más grandes que enfrenta el país hoy en día son la corrupción, las deficiencias en la función pública y los malos manejos administrativos, problemas que impactan gravemente la confianza en las instituciones y en el Gobierno.
Pese a las dificultades y los conflictos con el Ejecutivo, Margarita Cabello concluyó su gestión con la convicción de haber defendido la autonomía de la Procuraduría y fortalecido su papel como garante de la democracia en un momento clave para el país.
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