Brookfield Corporation, accionista principal de Isagen, alzó su voz de inconformidad ante las propuestas del Gobierno de Gustavo Petro de intervenir el mercado energético por medio de modificaciones regulatorias. Según una carta divulgada, la empresa canadiense advirtió sobre los peligrosos riesgos que acarrea el plan del Gobierno y la afectación que podría tener en las inversiones extranjeras en el sector eléctrico del país. La postura fue formulada en respuesta a un proyecto de decreto que impactaría el funcionamiento del mercado de energía en bolsa.
Así las cosas, Isagen, la generadora energética colombiana, aclaró que las inquietudes reflejadas en la misiva corresponden de manera exclusiva al análisis de Brookfield Corporation como su accionista mayoritario. No obstante, se reconoce la validez de los temores respecto a los potenciales efectos negativos que las medidas propuestas podrían tener en la competitividad y expansión del sector.
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La compañía señaló que un mercado menos atractivo desincentiva inversiones clave para incrementar la capacidad de generación necesaria en el país. “Incrementa significativamente los riesgos de inversión y afecta la competencia en un momento en el que el país requiere una ampliación significativa de la capacidad de generación para asegurar el abastecimiento presente y futuro de energía”.
La carta de la empresa canadiense, fechada el 26 de diciembre de 2024, fue dirigida al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, y se resaltó la inconformidad con el proyecto de decreto titulado “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015″ y que busca modificar las condiciones del cargo por confiabilidad (mecanismo de mercado, que tiene como fin garantizar el suministro de energía cuando los recursos hídricos del país escasean, como consecuencia del fenómeno de El Niño).
Contra la protección e inversión
La misma advirtió que estas disposiciones contravienen los estándares de protección a la inversión extranjera que Colombia se comprometió a respetar bajo acuerdos internacionales.
“El proyecto de decreto anuncia unas que agravan dichas vulneraciones y desconocen los pilares básicos sobre los cuales se realizaron cuantiosas inversiones en el sector energético de la República de Colombia”, manifestó Brookfield Corporation en el documento. La compañía argumentó que los cambios suponen un trato arbitrario y desproporcionado que menoscaba la libre prestación de un servicio público vital, protegido por el Artículo 365 de la Constitución Política colombiana.
Además, el grupo canadiense solicitó un espacio de diálogo con el ministro Luis Carlos Reyes, con el objetivo de buscar soluciones conjuntas para evitar que las medidas comprometan la estabilidad del sector. Entre otras preocupaciones, la compañía alertó sobre la posibilidad de un “cambio estructural y radical” en los fundamentos del marco regulatorio que sustenta las operaciones de generación energética en Colombia.
Observaciones técnicas y legales
Por su parte, Isagen precisó que ya presentó observaciones técnicas y legales a las propuestas normativas dentro de los plazos establecidos por el Gobierno nacional y resaltó el compromiso que tiene con el desarrollo sostenible del mercado. La compañía reiteró la necesidad de encontrar equilibrio entre las medidas regulatorias y la atracción de inversión extranjera que asegure un abastecimiento energético robusto y sostenible.
El contexto en que surge el conflicto es, también, la reciente Resolución No. 101 066 de 2024 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que redefine los precios de escasez y hace modificaciones a normativas existentes. Desde la perspectiva de la empresa internacional, dichas medidas ya representan una vulneración a los compromisos de Colombia con la inversión internacional y las propuestas actuales intensifican estas discrepancias.
En línea con lo anterior, Brookfield Corporation sostuvo que el Gobierno materializa un cambio drástico sin atender las garantías internacionales pactadas previamente. “Es así como el Estado colombiano se encuentra materializando un cambio estructural y radical en los pilares fundamentales para la prestación del servicio de generación de energía, sin atender las garantías y protecciones consagradas en el derecho doméstico e internacional”, manifestó la compañía.
Por lo pronto, el desenlace de este enfrentamiento queda abierto a posibles acuerdos, mientras sectores empresariales e inversionistas extranjeros observan con atención la respuesta del Gobierno colombiano y los impactos que esta controversia podría generar en el panorama económico y energético del país.
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