Senadora Marta Peralta, criticada por su lujoso viaje a París, pidió a las mujeres de su etnia compartir videos con sus trajes: “Su racismo e ignorancia son evidentes”

La senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, sigue pronunciándose sobre las críticas que en fin de año llovieron sobre ella tras haber compartido, en Instagram, fotos del viaje que realizó con su pareja a París, desde donde compartió fotografías. Asegura que quienes la critican por cómo estaba allí vestida están dejando al descubierto su propio racismo y sus prejuicios étnicos, materializados en la animadversión hacia la parlamentaria.

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“Que si me puse manta, que si uso jean, que si uso tenis… cómo se nota que la oposición no tiene con qué hacer oposición. Su racismo e ignorancia son evidentes, las formas de vestir no afecta mis raíces, animo a todas las mujeres Wayúu que me leen, únanse al reto #WayuuOutfitChallenge con un video como este. Mientras ellos destilan odio y racismo nosotros con creatividad visibilízamos nuestra cultura”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Una reciente investigación realizada por el medio Cambio y complementada por El Colombiano ha destapado lo que podría ser un entramado de corrupción que involucra a la congresista Martha Peralta, contrataciones directas en el Gobierno y el notable crecimiento de una empresa vinculada a un familiar cercano.

Según los reportes, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2023, la senadora Peralta visitó las oficinas del entonces director Olmedo López. Lo que inicialmente podría parecer una reunión de carácter rutinario adquirió relevancia cuando, apenas un mes después, fue contratada Carmen Iguarán, una persona con vínculos directos con Peralta. Iguarán, mencionada por el declarante Sneyder Pinilla, se desempeñaba en funciones administrativas en la entidad, lo que generó suspicacias sobre la influencia de la congresista en su contratación.

El Colombiano consultó a fuentes internas que confirmaron que la contratación de Iguarán habría sido solicitada directamente por Peralta a López, una acción que, de ser comprobada, evidenciaría un uso indebido de su posición política para influir en decisiones administrativas.

El foco de la investigación no termina ahí. Un aspecto aún más polémico es el caso de MC&I América SAS, una empresa dedicada a la venta de paneles solares y servicios de ingeniería, que ha experimentado un crecimiento inusual desde 2020. Aunque su creación data de antes del mandato de Gustavo Petro, su incremento en contratos locales y nacionales coincide con la llegada de Peralta al Congreso y la presidencia de Petro.

Carlos Enrique Herazo, concuñado de la congresista y representante legal de la empresa, ha sido señalado como beneficiario de numerosos contratos. Fuentes consultadas por el medio aseguran que estos contratos se han adjudicado en muchos casos a través de consorcios, una modalidad que dificulta rastrear con exactitud los detalles de las operaciones y los beneficiarios finales.

El medio El Colombiano intentó obtener declaraciones de Martha Peralta para esclarecer su relación con Iguarán y con los contratos otorgados a MC&I América SAS. Sin embargo, la senadora dejó de responder cuando se le cuestionó directamente sobre estos temas, lo que ha avivado las sospechas en torno a su participación en el entramado.

Este caso pone en el centro del debate el uso de influencias políticas para favorecer intereses personales o familiares, un problema recurrente en el panorama político colombiano. Si bien aún no se han presentado cargos formales, la conexión entre las visitas de Peralta, la contratación de Iguarán y el auge de una empresa ligada a su familia plantea serias interrogantes sobre la ética en el ejercicio de sus funciones públicas.

Asimismo, el uso de consorcios como mecanismo para asignar contratos pone de relieve las dificultades estructurales para garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos en Colombia.

Hasta el momento, ni Martha Peralta ni Olmedo López han ofrecido una respuesta contundente a las acusaciones. El caso se perfila como un nuevo desafío para el Gobierno de Gustavo Petro, que ha prometido combatir la corrupción, pero cuya administración ya enfrenta serios señalamientos en varios frentes.

El panorama general refleja un escenario donde la política y los intereses privados se cruzan de maneras que no siempre resultan claras para el público, dejando en el aire preguntas cruciales sobre los límites éticos en el ejercicio del poder y la necesidad de mecanismos más efectivos para garantizar la rendición de cuentas.