Las tarifas de peajes en algunas zonas del país incrementaron, sobrepasando los límites establecidos por el Gobierno nacional, lo que llevó al Gobierno nacional a reunirse con seis concesionarios para discutir la situación. El 7 de enero de 2025, la ministra de Transporte, María Constanza García, llevó a cabo el anunciado encuentro e informó las partes pudieron llegar a un acuerdo.
La jefa de la cartera indicó que, de manera temporal, no habrá aumentos en los cobros a los conductores que pasen por ocho peajes. “Estuvimos evaluando cuáles son las condiciones de estos ocho peajes y llegamos a un acuerdo, es lo importante (...). Vamos a suscribir un acta que va a permitir la suspensión de estos incrementos contractuales por un periodo que inicialmente hemos contemplado, va a ser de seis meses”, precisó la funcionaria, en conversación con varios medios de comunicación.
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Aseguró que las conversaciones con los concesionarios que venía adelantando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) continuarán, con el fin de determinar la fórmula adecuada que permita hacer los incrementos que están pactados en los contratos. “La gran mayoría de estos contratos, a excepción del contrato de Accesos Norte 2, fueron suscritos en el año 2014-2015. El contrato de Accesos Norte 2 fue suscrito en el año 2021″, aclaró la ministra de Transporte.
De acuerdo con su explicación, los incrementos pactados en los contratos surgieron en medio del proceso de estructuración de los proyectos, fueron contemplados como una fuente de financiación de los mismos y hacen parte del cierre financiero de los concesionarios. Además, los recursos recaudados por concepto de peajes tienen una destinación determinada en la normativa colombiana.
“En la asignación de los recursos del Instituto Nacional de Vías, recaudados por peajes, como mínimo será invertido el 50%, para construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de influencia”, se lee en el artículo 22 de la Ley 105 de 1993, citada por la ministra de Transporte.
El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, luego de advertir que los contratos por los que se está justificando el alza en las tarifas de los peajes fueron “mal hechos”. En su nueva publicación, resaltó la voluntad de los concesionarios que congelaron las tarifas, a pesar de lo establecido en los cuerdos contractuales.
“Le agradezco a los seis concesionarios que aceptaron la decisión del gobierno de solo subir en 2.8%, los peajes, a pesar de que los contratos firmados en el 2014, estipulaban aumentos abruptos en determinados años”, escribió el primer mandatario.
De acuerdo con datos revelados por la ministra de Transporte el 5 de enero, el Gobierno Petro enfrentó desde un primer momento los problemas que giran en torno a los peajes que funcionan como fuentes de ingreso para el sostenimiento y mantenimiento de las carreteras del país. Por eso, estableció tarifas diferenciales en 26 peajes del territorio nacional y, además, suspendió cobros en los peajes de Papiros, Turbaco y San Luis de Gaceno, mientras llegan a acuerdos con los concesionarios y demás partes afectadas.
“Luego de la suspensión definida en el decreto 050 de 2023 y la mejora de las condiciones económicas del país, hemos diseñado una estrategia de normalización para volver a las tarifas con los ajustes de IPC de cada año”, explicó.
El 1 de enero de 2025, el alza correspondió al 2,78% Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, y, para el 1 de abril del mismo año, el incremento será de 1,85% restante. A esto se suma un aumento relacionado con la inflación de 2024, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Congelamiento de tarifas no garantiza que no haya paro camionero
Desde la Asamblea Nacional del Transporte informaron que el acuerdo pactado con los concesionarios no implica que los transportadores no vayan a efectuar un paro camionero, puesto que hay varios puntos que fueron pactados con el Gobierno nacional y que, al parecer, fueron incumplidos.
Por eso, el miércoles 8 de enero de 2025, a las 10:00 a. m., los gremios de transportes se reunirán en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para verificar los presuntos incumplimientos que siguen afectando el ejercicio de sus labores.
“Queremos conocer desde las organizaciones gremiales del transporte de carga y pasajeros, los aspectos que generan inconformidad y que son considerados como incumplimientos del Gobierno a los 14 puntos del acta de compromiso suscrita”, precisaron en la invitación enviada a los transportadores.
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