En medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un reciente nombramiento ha desatado polémica. El pasado 4 de enero, María Elena Ortiz Nova asumió como secretaria de Minas y Energía de Boyacá. La designación ha sido objeto de críticas, dado que Ortiz Nova es hermana de Sandra Ortiz, señalada como una de las principales implicadas en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
De hecho, entre las voces que cuestionaron dicho nombramiento por parte del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se encuentra el concejal de Bogotá, Daniel Briceño quien comentó sobre el mandatario departamental “no deja morir a su pupila encarcelada”, en referencia a la exconsejera presidencial de Gustavo Petro Sandra Ortiz.
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El gobernador Carlos Amaya por su parte justificó el nombramiento mediante un pronunciamiento en sus redes sociales, destacando la experiencia y las cualificaciones profesionales de la nueva secretaria de Minas y Energía.
“Desde mi querida tierra, Socha, le damos la bienvenida a María Ortiz, oriunda de la provincia de Valderrama, quien hoy asume como @SecMinasBoyaca. Confiamos en su experiencia y compromiso para impulsar el desarrollo sostenible del sector minero-energético, trabajando siempre en beneficio de las y los boyacenses y el medio ambiente. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa al servicio de nuestra”, escribió el Gobernador Amaya en su cuenta de X el día de la posesión.
Frente a esto, el concejal perteneciente al partido Centro Democrático Daniel Briceño cuestionó las decisiones administrativas del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, al señalar que miembros cercanos al círculo familiar de Sandra Ortiz, implicada en un escándalo de corrupción, han sido favorecidos con cargos públicos. Según Briceño, tanto el esposo de Ortiz como su hermana han recibido nombramientos clave dentro de la administración departamental
“Primero el esposo de Sandra Ortiz es nombrado asesor de despacho del gobernador Amaya en Boyacá y ahora la hermana de Sandra Ortiz es nombrada secretaria de minas de Boyacá. Definitivamente el gobernador @CarlosAmayaR no deja morir a su pupila encarcelada”, escribió en su cuenta de X el concejal Daniel Briceño.
Y es que, a designación de María Elena Ortiz Nova generó cuestionamientos, debido a su parentesco con Sandra Ortiz, quien está detenida y enfrenta señalamientos por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.
María Elena Ortiz Nova, originaria de la provincia de Valderrama en Boyacá, posee una extensa trayectoria en el ámbito público y privado. Administradora de empresas y exalcaldesa de Paz de Río, ha ocupado diversos cargos, entre ellos, directora financiera y fiscal del departamento, secretaria de Minas y Energía durante la administración de Ramiro Barragán Adame, y gerente del Instituto Financiero de Boyacá (Ideboy) hasta finales de 2024.
A pesar de la destacada trayectoria profesional de María Elena Ortiz Nova, las críticas hacia su familia persisten debido a los procesos judiciales que enfrenta su hermana, Sandra Ortiz. Esta última ha sido señalada como parte de una red que, según las autoridades, desvió recursos públicos a través de contratos irregulares en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Por otro lado, el miércoles 18 de diciembre de 2024, la juez tercera penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, ordenó la detención en centro carcelario de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.
La jueza aceptó la petición de la Fiscalía General de la Nación, disponiendo que Sandra Ortiz fuera recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. De igual manera argumentó que Sandra Ortiz, quien se desempeñó como exconsejera para las Regiones durante el gobierno de Gustavo Petro, representa un riesgo para la sociedad y podría interferir en el proceso judicial al influir sobre testigos o afectar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
En el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía señaló a Sandra Ortiz como un elemento central en el esquema de corrupción, acusándola de facilitar pagos ilegales a congresistas a cambio de apoyo político al gobierno de Gustavo Petro.
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