Una compleja operación de fraude al Sistema de Seguridad Social en Colombia quedó al descubierto tras la investigación de la Fiscalía General de la Nación, que reveló cómo una red criminal utilizó empresas ficticias para reportar trabajadores inexistentes y acceder a subsidios estatales.
Según informó la Fiscalía, esta estructura habría desviado más de 5.000 millones de pesos entre 2020 y 2021, aprovechando los beneficios económicos implementados por el Gobierno nacional durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
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De acuerdo con las autoridades, la red operaba principalmente en los municipios de Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Los integrantes de esta organización creaban empresas fachada en sectores como vigilancia, aseo, construcción, servicios temporales y cooperativas.
Estas compañías ficticias eran utilizadas para simular vínculos laborales inexistentes y presentar documentación falsa ante las autoridades competentes, lo que les permitía reclamar subsidios y beneficios fiscales.
La Fiscalía detalló que, como parte del esquema, los responsables inducían a personas a firmar documentos que no reflejaban su verdadera situación laboral. En algunos casos, los supuestos trabajadores independientes se acercaban voluntariamente para que sus aportes a la seguridad social fueran liquidados por un monto inferior al que realmente correspondía.
Posteriormente, la red presentaba contratos y nóminas fraudulentas para justificar las afiliaciones y acceder a los recursos estatales.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales, imputó a 11 presuntos integrantes de esta red los delitos de fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Según consignó la Fiscalía, los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La investigación reveló que, por cada trabajador ficticio reportado, la organización podía recibir entre 90.000 y 454.000 pesos. Este esquema permitió que, en un periodo de dos años, los implicados se apropiaran de más de 5.000 millones de pesos de manera ilegal. Estos recursos provenían de los subsidios y beneficios económicos que el Gobierno había destinado para mitigar los efectos de la crisis económica y social generada por la pandemia.
El caso pone en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de control y supervisión de los programas de ayuda estatal, especialmente en contextos de emergencia como el que vivió el país durante la pandemia. Además, resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación para evitar que recursos públicos terminen en manos de estructuras criminales.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en esta red y si operaban en otras regiones del país.
Denuncian pérdida de más de 1.400.000 vacunas contra el COVID-19 en Colombia: críticas al Gobierno de Gustavo Petro
En un contexto marcado por el debate sobre la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el congresista Andrés Forero, del partido Centro Democrático, reveló una grave irregularidad en la gestión del actual Gobierno colombiano.
El representante denunció que más de 1.400.000 dosis de vacunas contra el Covid-19, adquiridas por el Ministerio de Salud, habrían caducado sin ser distribuidas, lo que representaría una pérdida económica cercana a los 100.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 24 millones de dólares).
De acuerdo con la información publicada por Infobae, las vacunas en cuestión corresponden a un lote de dosis monovalentes de la farmacéutica Moderna, que llegó al país en marzo de 2024.
Según Forero, el 75% de estas vacunas permaneció almacenado en las bodegas del Ministerio de Salud sin ser entregado a las entidades territoriales encargadas de su aplicación. Esta demora en la distribución habría provocado que, para octubre del mismo año, un total de 1.467.344 dosis expiraran, inutilizando una inversión significativa en la lucha contra la pandemia.
El congresista, en su intervención, señaló que había advertido previamente sobre los riesgos de retrasar la distribución de estas vacunas. “El último lote de vacunas llegó al país en marzo de este año. Yo les advertí que, a pesar de que ya las tenían, se habían demorado en distribuirlas en los entes territoriales. El resultado de esto es que en octubre se vencieron 1.467.344 vacunas”, afirmó Forero.
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