
En una decisión que generó revuelo en las redes sociales, toda vez que sería la estrategia para afrontar la crisis fiscal que afronta en la vigencia del 2024, el Gobierno dejó en firme sus intenciones de llevar al Congreso de la República una nueva propuesta de reforma tributaria. Así lo indicó el director del Departamento de Planeación Nacional (DNP), Alexander López Maya, en un video emitido el lunes 30 de diciembre; en la víspera del último día del año.
Este anuncio se produce luego del hundimiento de la conocida ley de financiamiento, llamada por sus críticos como la reforma tributaria 2.0, que era considerada por el Ejecutivo como clave para mantener la inversión en programas sociales y proyectos prioritarios. De acuerdo con López, esta decisión busca preservar recursos destinados a áreas fundamentales como educación, salud, seguridad alimentaria y reforma agraria.
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“Avanzamos en nuestro proyecto de garantizar los derechos de la población y por eso hemos protegido recursos para la educación, salud, reforma agraria y seguridad alimentaria”, expresó López. El director del DNP también lanzó críticas al Legislativo, acusándolo de haber ocasionado los actuales problemas fiscales al no aprobar la ley de financiamiento, que tenía como objetivo recaudar cerca de 11,8 billones de pesos, en principio; aunque las pretenciones bajaron posteriormente, con el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, a $9,8 billones.
El anuncio sobre esta nueva proposición se efectuó tras una semana de conversaciones entre el presidente y los equipos económicos, que evaluaron, según informó López, distintos escenarios para evitar comprometer inversiones esenciales en el presupuesto de 2025. “Los recursos son insuficientes, por eso vamos a insistir en que el Congreso debe aprobar o una ley de financiamiento o una nueva tributaria”, expresó el funcionario, que destacó que en esta propuesta persistirá el enfoque de que quienes poseen mayores ingresos contribuyan equitativamente al sistema fiscal.
Con ello, se buscaría evitar que se lleven a cabo recortes severos en los sectores básicos, que, de no darse una solución pronta, podrían sufrir graves consecuencias ante la crisis en materia de presupuesto. Antes de finalizar el año, el Ejecutivo planea emitir un decreto donde se especificarían los ajustes en este sentido para el 2025, que tendría una parte considerable a las operaciones de funcionamiento del Estado.

Director del DNP se despachó a los opositores del Gobierno de Gustavo Petro
En sus declaraciones, que causaron opiniones encontradas, López indicó que la oposición lo que busca es debilitar la administración gubernamental, al negar los proyectos que quiere impulsar el jefe de Estado con miras a la recta final de la actual administración. “Esas decisiones con odio y con el propósito de destruir al presidente y al Gobierno solo llenan de falta de oportunidades a nuestro pueblo”, afirmó el funcionario, que agregó que la política fiscal del Ejecutivo prioriza, en su conjunto, reducir las desigualdades y asistir a los sectores más vulnerables.
Al respecto, el director del DNP insistió en la importancia de que una reforma tributaria sea aprobada lo antes posible y reiteró que esta debe garantizar una justicia social tributaria. Con ello, remarcó que lo que se apunta desde el actual Gobierno es que a las cargas fiscales se redistribuyan y de este modo se imponga una mayor responsabilidad a quienes cuentan con mayores recursos económicos; una posición que, como era de esperarse, no cayó bien entre algunos sectores políticos.

En consecuencia, López explicó que la responsabilidad que recaerá sobre el Congreso en la discusión de las medidas tributarias es importante, toda vez que deben propender por el equilibrio necesario para no poner en riesgo las políticas sociales que se han defendido hasta ahora. “Para que sectores vulnerables reciban el apoyo del Estado”, indicó López, con la idea de que los legisladores den luz verde a una solución financiera sostenible para lo que resta del mandato de Petro.
Frente a este panorama, queda por ver cuál será la postura de los parlamentarios, teniendo en cuenta las fuertes divisiones en torno a las reformas fiscales del Gobierno. Este desacuerdo ya quedó evidenciado con el rechazo previo de la ley de financiamiento, liderada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que proponía medidas específicas para aumentar los ingresos públicos.
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