Procuraduría decidió fuerte sanción contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en la Ungrd: los destituyó e inhabilitó por más de 15 años

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez; y de 20 años al exsubdirector de la entidad Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques que serían destinados al abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.

La delegada disciplinaria de juzgamiento 1 encontró probado que, conforme al primer cargo proferido, los entonces funcionarios participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos pagando sobrecostos que superaron los $16 mil millones, que equivalieron a más del 54% con respecto a los precios reales del mercado, y de más de $412 millones por cada uno de los carrotanques.

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El ente de control resaltó que en el caso del exdirector Olmedo López se confirmó su participación en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público al suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista, con lo que se afectó el patrimonio público.

Por su parte, ratificó que el exsubdirector Sneyder Pinilla también participó en la gestión del negocio jurídico suscrito para la compra de los vehículos y omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas superaban ampliamente el precio real del mercado. Además, avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos.

La Procuraduría sostuvo que, respecto al segundo cargo formulado contra Pinilla Álvarez, este certificó haber recibido a satisfacción los 40 vehículos adquiridos, sin que el contratista ejecutara a cabalidad el contrato bilateral, ya que dichos vehículos no fueron utilizados para los fines previstos, es decir, la respuesta humanitaria declarada mediante el Decreto 2113 de 2022, cuyo propósito era abastecer de agua a la comunidad de La Guajira.

En el mismo sentido, adujo que con su comportamiento los disciplinados desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, por lo que calificó de manera definitiva las conductas en que incurrieron como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.

El Ministerio Público también sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien rubricó la ratificación de orden de proveeduría para facilitar que la fiduciaria la Previsora efectuara el pago al contratista participando así en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público.

“El comportamiento irregular reprochado a Meza Galván se calificó como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental de sus deberes como exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, precisó la Procuraduría General de la Nación.

Por estos mismos hechos, la ex alta consejera para las Regiones del Gobierno nacional Sandra Ortiz fue recluida en la estación de Carabineros de la Policía.

Las exsenadora de la República iba a ser enviada a la cárcel El Buen Pastor, pero la jueza tercera penal municipal con función de control de garantías de Bogotá cambió de opinión y aclaró que esta no sería recluida en un centro penitenciario, sino que permanecerá en una a guarnición militar, que terminó siendo la estación de Carabineros.

La ex alta consejera para las Regiones del Gobierno Petro resultó salpicada en este escándalo luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, señalara en su testimonio ante la justicia que ella fue la mensajera para llevar los 3.000 millones de pesos que le entregaron, supuestamente, al entonces presidente del Senado de la República, Iván Name.

“Ella era el enlace para el tema que sucedió en los carrotanques. Era una mensajera. Al presidente del Senado se le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega y la acompaño posteriormente a un sitio en Bogotá a hacer la entrega del recurso. No lo vi (a Iván Name), pero vuelvo y repito: ella era el enlace. No iba a atenderme directamente a mí”, expresó Pinilla.

Entre las pruebas se encuentran los chats de WhatsApp, videos y los datos de georreferenciación fueron determinantes para seguir con el proceso contra Sandra Ortiz.