Fiscal guatemalteco plantea investigar al ministro colombiano Iván Velásquez por su gestión en comisión anticorrupción

Un juez guatemalteco cerró recientemente un caso por presunto fraude contra el fallecido expresidente Álvaro Colom y varios de sus exministros, señalando errores significativos en la investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y exfiscales locales.

Este hecho ha servido como base para que el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunciara la posibilidad de extender una investigación al actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez Gómez, que lideró la Cicig entre 2013 y 2019.

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Según informó el fiscal en un video difundido en redes sociales, Velásquez habría “manipulado la justicia” durante su gestión al frente de la comisión anticorrupción.

De acuerdo con lo reportado, Curruchiche vinculó esta posible ampliación de la causa a un caso ya abierto contra un fiscal guatemalteco por supuestas irregularidades en investigaciones previas.

Aunque Velásquez gozaba de inmunidad diplomática durante su tiempo como jefe de la Cicig, el fiscal guatemalteco sugirió que las “ilegalidades advertidas” podrían justificar nuevas acciones legales en su contra.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía guatemalteca, liderada por Consuelo Porras, amenaza con procesar a Velásquez. A inicios de 2023, una situación similar generó tensiones diplomáticas entre Guatemala y Colombia, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro defendió públicamente a su ministro de Defensa.

Petro calificó las acusaciones como un ataque político y expresó su respaldo a Velásquez, quien ha sido reconocido internacionalmente por su lucha contra la corrupción.

El mandatario señaló que, contrario a lo que afirma el Ministerio Público ahora, Velásquez provocó una ruptura de los intereses poderosos y corruptos de ese país para “descubrir caminos de mayor transparencia, en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales”.

La gestión de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche al frente de la Fiscalía General de Guatemala ha estado marcada por la polémica. Según consignó el medio, ambos han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que los han señalado como “corruptos” y “antidemocráticos”.

Estas sanciones se enmarcan en un contexto de acusaciones sobre el uso de la justicia para perseguir a opositores políticos y críticos del gobierno.

En 2021, Porras y Curruchiche iniciaron una serie de procesos legales contra exfiscales y exfuncionarios de la Cicig, lo que llevó a muchos de ellos al exilio. Además, han impulsado investigaciones contra periodistas y figuras públicas, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional sobre el estado de la democracia y la libertad de prensa en Guatemala.

En 2023, la Fiscalía también fue acusada de intentar bloquear la llegada al poder del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien asumió el cargo en enero de 2024.

Según lo informado, las autoridades judiciales han continuado hostigando a Arévalo con nuevas investigaciones desde que asumió la presidencia, lo que ha intensificado las críticas hacia el sistema judicial guatemalteco.

El contexto político y judicial en Colombia se complica aún más con la renuncia de la viceministra de Defensa y Seguridad, Daniela Gómez Rivas, quien lideraba proyectos clave en el ámbito de la seguridad. Esta renuncia plantea interrogantes sobre la continuidad de sus iniciativas y el impacto en la política de seguridad del gobierno colombiano.

En caso de ser aceptada, el ministro tendrá la responsabilidad de designar a una nueva persona para ocupar el cargo de viceministro(a) de Defensa para las Políticas de Seguridad, un puesto clave en la estrategia de seguridad del gobierno actual.

La salida de Gómez Rivas plantea interrogantes sobre el futuro de los proyectos que lideró durante su gestión. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la denominada ‘Misión Cauca’, un plan estratégico diseñado para recuperar el control territorial en zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Este proyecto ha sido considerado uno de los pilares en la política de seguridad del gobierno, especialmente en regiones donde el conflicto armado ha tenido un impacto significativo.