Fallo de tribunal internacional deja a Colombia con deuda de $1,3 billones por obra en la vía al Llano

La Nación se vio obligada a pagar 1,3 billones de pesos tras perder un pleito relacionado con el proyecto de la vía alterna al Llano, conocido como el Perimetral de Oriente 1. El tribunal internacional que resolvió el litigio, luego de varios meses de espera, dictó un laudo arbitral que no resultó favorable para el país. Este fallo se basó en las dificultades que enfrentó el concesionario para completar la obra, la cual había sido adjudicada hacía casi una década.

El origen del conflicto radicó en que, durante la fase de estructuración del proyecto, no se tomaron en cuenta factores ambientales importantes, lo que provocó que las obras se detuvieran en 2020. Esto, a su vez, impidió el avance del proyecto y generó problemas significativos para la concesionaria. En consecuencia, el tribunal decidió que Colombia debía compensar a la empresa encargada con 1,3 billones de pesos.

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Asimismo, el tribunal aprobó la solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la terminación anticipada del contrato de concesión. Esta medida fue adoptada debido a las dificultades en los tramos de la vía que aún no se pueden construir, así como la imposibilidad de continuar con el desarrollo de otras actividades del proyecto.

En 2020, el proyecto Perimetral de Oriente, que debe conectar el municipio de Sesquilé en Cundinamarca con el corredor hacia Villavicencio, comenzó a enfrentar serias complicaciones. La obra, que fue adjudicada en 2014 a un consorcio conformado por la empresa israelí Shikun & Binui y el fondo de inversión británico Infrared Capital Partners, se detuvo en su avance debido a un grave problema medioambiental. Mientras el consorcio avanzaba con las unidades funcionales 1, 2 y 3, que iban desde Sesquilé hasta La Calera, el proyecto se estancó cuando intentó iniciar la construcción de las unidades funcionales 4 y 5.

Este estancamiento se produjo porque, tras la intervención de las comunidades locales, se descubrió que la zona estaba rodeada por 70 manantiales que no podían ser alterados, lo que obligaba a solicitar una licencia ambiental. Este problema no había sido previsto durante la fase de estructuración del proyecto, cuando la ANI diseñó la obra. Como resultado, las obras, que ya habían alcanzado un avance del 43%, se paralizaron, y el dinero destinado para su ejecución, unos 0,49 billones de pesos, quedó bloqueado en una fiducia.

La falta de respuesta por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ante esta crisis llevó al consorcio a recurrir al tribunal, tal como lo permitía el contrato. A pesar de que se realizaron varias reuniones entre las partes, no se llegó a un acuerdo para reanudar los trabajos. Finalmente, el tribunal resolvió que Colombia debía pagar una compensación de 1,3 billones de pesos al consorcio, debido a que no se había contemplado el impacto ambiental durante la fase de planificación.

Durante varios meses, se discutió la posibilidad de alcanzar acuerdos adicionales, tales como otrosíes, memorandos de entendimiento, compromisos de trabajo y otras alternativas que pudieran solucionar la crisis que atravesaba el proyecto. Sin embargo, a pesar de estos intentos, al final no se alcanzó ningún avance significativo en ninguna de estas iniciativas. Las propuestas se quedaron estancadas y no lograron materializarse, lo que dejó el conflicto sin resolución.

Por otro lado, el tribunal encargado de estudiar el caso tomó una decisión tras revisar todo el proceso y evaluó los aspectos técnicos y contractuales involucrados. Después de un análisis, el tribunal concluyó que Colombia debía asumir la responsabilidad por los problemas que surgieron con la construcción de la vía.