La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que, por posibles irregularidades presentadas en un contrato celebrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se tomó la decisión de abrir investigación disciplinaria contra el entonces secretario general de ese organismo, Juan Felipe Acosta Parra, y la subdirectora general y supervisora del bilateral, Katherin Lorena Mesa Mayorga.
La investigación también involucra a la representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental), para la época de los hechos, Nancy Lucila Manotas Ortiz, que suscribió el cuestionado negocio jurídico.
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El Ministerio Público investiga posibles sobrecostos en los productos y servicios convenidos e irregularidades en la etapa precontractual y durante la ejecución de este contrato celebrado para desarrollar “actividades de formación solidaria dirigido a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) para fomentar la cultura emprendedora que permita la constitución de organizaciones solidarias”.
Además, la Procuraduría General de la Nación busca establecer si Corambiental incumplió con algunas de sus obligaciones, como no contar con una cuenta bancaria desde el inicio de la ejecución del convenio lo que pudo afectar una parte de los rendimientos financieros.
Con el fin de determinar la existencia de los señalados sobrecostos y verificar desde qué fecha se generaron los rendimientos bancarios, la Procuraduría solicitó, entre otras pruebas, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial.
A este anuncio del Ministerio Público de investigar a funcionarios de la Unidad para las Víctimas por contratos irregulares, se suma las indagaciones a un millonario contrato del Fondo Programas para la Paz para realización de eventos.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la segunda delegada para la Contratación Estatal, solicitó información detallada sobre el estado actual del contrato suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República y la firma ‘Pubblica’, incluyendo el porcentaje de cumplimiento físico y las justificaciones técnica, jurídica y financiera que sustentaron una adición que habría superado el 50 % del valor inicial del acuerdo. Esta medida busca determinar posibles deficiencias en la planeación, ejecución y modificación del contrato.
El contrato en cuestión fue firmado el 8 de noviembre de 2023, con un presupuesto inicial de $10.000 millones y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos. Según las denuncias publicadas por un medio nacional, estos recursos se habrían destinado a eventos en un periodo de tan solo 53 días, con el objetivo de garantizar la organización, administración y ejecución de actividades orientadas al mantenimiento de la paz en las regiones.
La investigación disciplinaria, que involucra al entonces director del fondo, Pablo Francisco Pardo Velasco, se centra en las posibles irregularidades detectadas en la celebración y adición del contrato. La Procuraduría General de la Nación busca determinar si el proceso estuvo acompañado de fallas en la planeación o si la adición que incrementó su valor más del 50% tuvo un respaldo técnico y jurídico adecuado.
La denuncia inicial destacó que el contrato fue concebido para la “prestación de servicios operacionales y de funcionamiento que garantizaran la realización de eventos y actividades para la promoción de la paz”. No obstante, las irregularidades señaladas por el medio de comunicación motivaron la apertura de esta investigación por parte de la Procuraduría, que analizará las condiciones en que se firmó este acuerdo y su posterior modificación.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por once años al exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), David Curtidor Argüello, por presentar documentos falsificados para acreditar su experiencia profesional al momento de postularse al cargo en 2023.
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