El caso de la EPS Coosalud sigue generando controversia tras la intervención de su cooperativa financiera y los señalamientos sobre un supuesto entramado para desviar recursos destinados al sistema de salud.
De hecho, la Superintendencia de Economía Solidaria y la Superintendencia Nacional de Salud han identificado supuestas irregularidades que comprometen tanto a directivos de la entidad como al uso de figuras jurídicas asociadas los hechos.
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“La figura de la cooperativa ha sido usada para habilitar financieramente a la cooperativa y enriquecer a algunas personas”, afirmó María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, en diálogo con La W.
Según Navarro, la cooperativa Coosalud presentó balances financieros inconsistentes y habría asumido pasivos de otras empresas del conglomerado sin notificar a las autoridades competentes.
“Tenemos una triangulación, la cooperativa, Coosalud EPS y Coosalud inversa, tres empresas y figuras jurídicas con el mismo representante con algunos movimientos que nos resultaban bastante extrañas, por eso enviamos una visita de inspección”, dijo la servidora al medio radial.
Entones hallaron en la inspección que “esta cooperativa no existe, es de papel, los funcionarios de la EPS trabajaban en algún tema de la cooperativa, pero nada de lo que se estaba reportando en el balance financiero es real”. Incluso, detectaron “las inconstencias muy graves en los balances que nos presentaban a nosotros”.
Por su parte, el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal había señalado en 2024 un deterioro en los aspectos técnicos, científicos y financieros de Coosalud, y argumentó que la entidad incluso habría actuado como fiadora de empresas privadas utilizando recursos del Estado.
Esta versión fue respaldada por Giovanny Rubiano, actual superintendente de Salud, quien aseguró que los movimientos financieros detectados carecían de transparencia.
La denuncia de la defensa de Coosalud
En respuesta a estas acusaciones, Jaime González, presidente de Coosalud, interpuso una denuncia penal contra el por los delitos de falsa denuncia y prevaricato por omisión.
Según Julián Quintana, abogado defensor de González, las acciones de Leal incluyeron filtraciones irregulares de documentos que distorsionaron la realidad y generaron un impacto negativo en la reputación y las finanzas de la EPS.
“Estas acciones violaron el debido proceso y afectaron gravemente el buen nombre de la EPS, generando consecuencias financieras adversas”, señaló Quintana a Blu Radio. También aseguró que el informe que sustentaba los señalamientos de Leal fue desmentido posteriormente por la propia Superintendencia.
Agregó que “la instrumentalización de las instituciones públicas para fines personales o políticos es un acto reprochable que no solo afecta a las empresas, sino también la confianza en el sistema de salud”, según publicó el portal radial.
Las investigaciones han revelado que la cooperativa financiera de Coosalud operaba como una “cuenta bancaria” para manejar recursos destinados a la salud, según lo afirmó Rubiano en una rueda de prensa. María José Navarro añadió que sus actividades estaban destinadas a triangular recursos entre empresas del conglomerado, con irregularidades en los balances reportados.
Entre los hallazgos, se detectaron cesiones de pasivos no registradas en los balances oficiales, además de la utilización de bienes inmuebles y aportes sociales por un valor de 15.000 millones de pesos como respaldo financiero.
La defensa de Coosalud
Jaime González, en entrevista con El Tiempo, calificó las intervenciones como un intento de desviar la atención de la crisis del sistema de salud. “El movimiento de recursos entre las distintas empresas del grupo buscaba capitalizar las compañías, y todo se hizo dentro de la ley”, afirmó.
González también cuestionó la actuación del Gobierno al desconocer, según él, la normativa sobre solidaridad intra-empresarial. “Lo que se busca es crear una cortina de humo con la EPS para desviar la atención”, aseguró.
Ahora será la Fiscalía quien determine las responsabilidades en este caso, que involucra a una EPS con más de tres millones de usuarios. Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo la supervisión de las superintendencias de Salud y de Economía Solidaria, que buscan esclarecer el destino de más de 400.000 millones de pesos presuntamente desviados.
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