En medio del anuncio de la oficialización del decreto del Presupuesto General de la Nación para el 2025 y a partir de una evidente crisis fiscal que enfrenta la administración Petro, no solo las entidades gubernamentales están enfrentando ajustes presupuestales.
Según pudo confirmar el diario El Tiempo, los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, también han sido informados de congelamientos y recortes en sus recursos, a pesar de su autonomía constitucional de la rama ejecutiva.
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De acuerdo a lo que informó el medio nacional, estas instituciones estarían siendo notificadas de que los PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) correspondientes a sus despachos llegarían incompletos.
Incluso, se conoció a través del diario que fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que el 19 de diciembre del año en curso se emitieron circulares desde el Departamento Nacional de Planeación indicando la necesidad de aplazar un 88% del presupuesto de inversión de estas entidades, lo que podría afectar su capacidad operativa y de control sobre el propio gobierno.
El medio detalló que la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, cuenta con un presupuesto total para 2025 de 12 billones de pesos colombianos (aproximadamente 3.000 millones de dólares), de los cuales 125.000 millones de pesos (alrededor de 31 millones de dólares) están destinados a inversión. Sin embargo, este rubro ha sido severamente afectado por el congelamiento.
De manera similar, la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Margarita Cabello Blanco, solo recibirá 10.700 millones de pesos (aproximadamente 2,7 millones de dólares) de los 85.000 millones de pesos (alrededor de 21 millones de dólares) originalmente asignados para inversión en 2025.
La decisión de congelar estos fondos se debería a que el Congreso no aprobó la ley de financiamiento crucial, que habría proporcionado 12 billones de pesos (aproximadamente 3.000 millones de dólares) para el presupuesto del próximo año. Esta falta de aprobación habría llevado al Departamento Nacional de Planeación a emitir circulares que ordenan el aplazamiento de casi el 9% del presupuesto total de estas entidades.
El recorte no es exclusivo de los organismos de control. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y otras dependencias han reportado dificultades para cubrir sus obligaciones, incluidas las nóminas de diciembre. La razón principal detrás de esta situación sería la no aprobación de una ley de financiamiento por 12 billones de pesos para el próximo año.
A pesar de las implicaciones, fuentes del Gobierno aseguraron que los ajustes son similares a los realizados en otras entidades. Por su parte, la Contraloría asegura que no ha enfrentado restricciones, y la Fiscalía aún no reporta cambios significativos, según la casa periodística.
Así quedó el Presupuesto General de la Nación para el 2025
El Gobierno nacional oficializó el Presupuesto General de la Nación para 2025 mediante decreto para establecer una cifra final de $511 billones. La medida fue necesaria después de que el Congreso no aprobara la ley de financiamiento ni el proyecto inicial de presupuesto, que ascendía a $523 billones.
El decreto, firmado el 19 de diciembre, garantiza la vigencia del presupuesto a partir del 1.º de enero, aunque incluye ajustes por $12 billones menos de lo proyectado originalmente. Según explicó el presidente Gustavo Petro, los recortes afectarán principalmente los rubros de inversión y funcionamiento, mientras que los recursos destinados al servicio de la deuda se mantienen inalterables.
El presupuesto aprobado contempla: 112,6 billones para el servicio de la deuda, $327,9 billones para funcionamiento, y $82,5 billones para inversión, sujeto a ajustes adicionales, de acuerdo a los detalles que publicó Semana.
Estas cifras se basan en estimaciones de crecimiento económico del 3 %, un precio promedio del petróleo de 80 dólares por barril, inflación del 3,2 % y un tipo de cambio de $4.179 por dólar. Sin embargo, se espera que el detalle final se ajuste con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto, que definirá cómo se distribuyen los recursos disponibles.
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