La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión histórica al amparar los derechos a la información, la libertad de expresión y de prensa de un periodista que había sido bloqueado por la Gobernación del Cesar en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).
Esta decisión subraya la importancia de las redes sociales como escenarios de participación democrática y el deber de las entidades públicas de garantizar el acceso a la información sin restricciones arbitrarias.
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El alto tribunal destacó el rol fundamental que desempeñan las plataformas digitales en el ejercicio de la libertad de expresión y el debate público. En su pronunciamiento, afirmó que, “es indudable que los escenarios digitales han facilitado y democratizado el ejercicio de la libertad de expresión”, permitiendo que el debate trascienda los medios tradicionales y que las personas puedan participar directamente.
No obstante, la Corte también advirtió sobre los desafíos que plantea esta dinámica comunicativa en internet, donde la libertad de expresión se amplifica, a menudo sin contrapesos. Entre las prácticas perjudiciales que afectan el debate público y la democracia, se mencionaron las “ciber tropas”, los ataques focalizados, las cuentas falsas, la propaganda computacional y otras estrategias que fomentan la autocensura y vulneran derechos como el buen nombre, la intimidad y la honra.
En este contexto, la Corte reiteró que, aunque la libertad de expresión es un derecho protegido, también tiene límites. En ese sentido, subrayó que no todas las restricciones constituyen censura, y su legitimidad depende de factores como la naturaleza y el propósito de la cuenta oficial, así como del motivo del bloqueo.
El caso de estudio
La decisión de la Sala Sexta giró en torno a una denuncia presentada por un periodista que fue bloqueado en la cuenta oficial de la Gobernación del Cesar en X, lo que le impidió participar en el foro público habilitado por la entidad en dicha plataforma. La Corte aplicó cuatro criterios clave para determinar si el bloqueo constituía censura:
- Naturaleza de la cuenta: Confirmó que la cuenta de la Gobernación del Cesar es una entidad pública utilizada para fines públicos.
- Propósito de la cuenta: Verificó que la cuenta fue creada para interactuar con la población sobre asuntos de interés general.
- Motivo del bloqueo: Determinó que el bloqueo no respondió a un criterio neutral, sino a la opinión particular del periodista.
- Normas de la comunidad: Estableció que el bloqueo no fue resultado de un incumplimiento de reglas previamente definidas.
Con base en estos factores, concluyó que el bloqueo representó una censura violatoria de los derechos fundamentales del periodista en dos aspectos principales:
- Acceso a la información: al impedirle seguir las publicaciones y la cronología de la cuenta oficial, se violó su derecho al acceso a información pública.
- Libertad de expresión y de prensa: al bloquearlo, la Gobernación le imposibilitó interpelar directamente a la entidad y participar en el debate público que se desarrollaba en su espacio oficial.
Las órdenes de la Corte: un precedente para la democracia digital
La Corte ordenó a la Gobernación del Cesar desbloquear al periodista y le advirtió que se abstuviera de bloquear a otros usuarios, salvo que existan razones justificadas basadas en normas de la comunidad previamente establecidas y aplicadas de manera neutral. Además, reafirmó que la garantía de la libertad de expresión es esencial para una democracia saludable, pues “la pluralidad de voces y opiniones favorece un intercambio genuino de ideas y un pensamiento crítico”.
En su análisis, la Corte destacó que las redes sociales ofrecen una plataforma inclusiva para que los ciudadanos ejerzan su derecho a expresarse, incluso cuando las democracias representativas no siempre lo garantizan plenamente. Por ello, bloquear a un usuario en una cuenta oficial creada para la interacción abierta constituye un acto de censura contrario al artículo 20 de la Constitución Política.
Esta decisión establece un importante precedente sobre el uso responsable de las redes sociales por parte de las entidades públicas. La Corte reafirma que las plataformas digitales deben ser espacios para el ejercicio pleno de derechos fundamentales, sin exclusiones arbitrarias que limiten la participación ciudadana en un mundo cada vez más conectado, donde garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión es vital para fortalecer la democracia y construir una sociedad más inclusiva.
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