En la mañana del miércoles 18 de diciembre de 2024, fueron encontrados los primeros restos humanos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín (Antioquia), lo que representa un avance significativo tras casi una década de búsqueda en esta zona de la ciudad.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Ubpd), los restos óseos pertenecen a “un cuerpo ubicado en el polígono intervenido” de ese punto de la capital antioqueña, como parte de la quinta fase de excavación del Plan de Intervención Forense, iniciado en julio de 2024. Este esfuerzo busca dar respuestas a las familias de alrededor de 140 desaparecidos en medio del conflicto armado.

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El magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, destacó que esta intervención representa la búsqueda más ambiciosa realizada hasta el momento, con un objetivo de remover más de 35.000 metros cúbicos de tierra, equivalente a 4.000 volquetas llenas en un lapso de cinco meses. “Esta intervención es mucho mayor que las otras veces. Anteriormente, se habían hecho una serie de tanteos... Esta es de otras proporciones, es 40 veces superior”, afirmó Salazar, refiriéndose a las excavaciones previas que abarcaron únicamente 800 metros cúbicos.

La excavación, que se extenderá hasta 2025, cuenta con una inversión de $5.140 millones, de los cuales $2.800 millones fueron aportados por la Alcaldía de Medellín y $2.340 millones por parte de la Ubpd. Este esfuerzo incluye monitoreo, recuperación y documentación forense, en un trabajo para identificar a las víctimas de desapariciones ocurridas entre los años 80 y 2000, durante operaciones militares y acciones paramilitares en esta zona del occidente de Medellín, especialmente la llamada operación Orión.

La comunidad afectada, representada por colectivos como Mujeres Caminando por la Verdad, consideró este hallazgo como un avance significativo en su lucha. “Es un logro muy importante también de nosotras las víctimas, por nuestra participación, y también trazar esas propuestas y esos diálogos con las instituciones que tienen la competencia en la búsqueda, un logro muy grande para nosotros después de 22 años de lucha y resistencia”, indicó Luz Elena Galeano, integrante del colectivo, citado por Blu Radio.

Entre tanto avanza el proceso, las víctimas, que acompañan y supervisan las excavaciones, mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos, mientras continúan trazando propuestas y diálogos con las instituciones involucradas.

Cabe señalar que, el inicio de esta fase de excavaciones fue resultado de las solicitudes de los colectivos de víctimas, quienes en julio de 2024 lograron que la Administración local y las entidades del sistema de justicia transicional atendieran sus peticiones.

El 18 de diciembre de 2002, “Juan”, siendo apenas un niño, presenció cómo su hermano fue llevado por desconocidos, como les había ocurrido a muchos de sus vecinos en la Comuna 13 de Medellín. En su casa no los llamaban “desaparecidos”, sino “los que se llevaban”, de acuerdo con su testimonio a El Espectador.

“Juan” y su familia esperaban encontrar a su hermano, que desapareció el día de la intervención militar, comandada por el entonces general Mario Montoya Uribe, como sucedía con otros asesinatos en el barrio antes de la operación Orión, pero nunca volvió. Desde aquel día, su familia comenzó una búsqueda que hasta hoy sigue sin respuestas.

“Desde mi mirada de niño, recuerdo que habían militares con un arma gigantesca y con lo que yo llamo un collar de balas (...) antes de la operación también habían asesinatos y a los cadáveres los dejaban en la calle, entonces salíamos todos a mirar el cadáver, era un asunto bien fuerte. Todos los vecinos alrededor del cadáver como un preámbulo hace velorio que iba a ser luego”, relató “Juan”, quien en la actualidad es historiador de la Universidad de Antioquia, a el medio citado.

La operación Orión, autorizada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, fue la más grande en Colombia y tenía como objetivo eliminar a grupos urbanos de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap) que operaban en la comuna. Sin embargo, las consecuencias para la población civil fueron devastadoras.