Gracias a un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, la mañana del jueves 19 de diciembre de 2024 se confirmó que Emilio José Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación irregular en procesos que revelaron entramados de corrupción en el conocido caso de Centros Poblados.
Sumado a lo anterior, Tapia Aldana también tiene dos procesos contractuales en Emcali (Empresas Municipales de Cali) que tienen relación con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, Valle del Cauca.
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La decisión del ente investigador se dio teniendo en cuenta que el hoy condenado ya “había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado”, destacó el comunicado emitido por la Fiscalía.
En el mismo, se confirmó que este acuerdo tuvo lugar luego de conocerse los detalles en el entramado de corrupción que buscaba “garantizar el servicio de internet a escuelas rurales en diferentes zonas del país”. Este famoso caso, en la opinión pública, fue titulado ‘Centros Poblados’.
Tras la sentencia, Tapia Aldana, conocido como el ‘zar de la contratación’, pidió disculpas por su actuación y se confirmó que “ha restituido 2.532 millones de pesos, a través de ocho títulos judiciales”. De igual forma, el otro 50% restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos, que tendrá que presentar en abril y octubre de 2025.
El valor que se ha cubierto hasta ahora está soportado con un título inmueble ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, Antioquia. En tanto que Tapia Aldana, tras el fallo judicial seguirá privado de la libertad en un centro carcelario de Barranquilla, Atlántico.
Los entramados de corrupción de Centros Poblados y Emcali
El caso de Centros Poblados se destapó en octubre de 2020 tras una licitación pública que se abrió por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTics), y cuyo contrato no era cualquier cifra, sino de un billón de pesos. El objetivo de esta oferta pública era dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos de país.
Para esto Tapia “concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual”, detalló el documento oficial.
A través de esta maniobra fue que Centros Poblados se benefició con la adjudicación del contrato 1043 de 2020. Todo sin contar con las garantías bancarias necesarias. Luego se gestionaron y entregaron tres pólizas bancarias falsas con las que se obtuvo un anticipo del millonario contrato.
En este punto, y en medio de la audiencia, el fiscal explicó que “el señor Emilio José Tapia Aldana realizó pagos por concepto de compra de vehículos, obras de arte, vuelos, pagos a terceros y préstamos personales por valor que ascendería a $4.550.303.578″. Esto lo hizo con el dinero que recibió a cambio.
Pero también “dispuso el giro de 300.000 dólares, equivalentes para la fecha de la transacción (14 de mayo de 2021) a $1.118′427.000 para el primer giro de la compra de la experiencia de las empresas”, añadió el funcionario de la Fiscalía.
Mientras que en el caso de Emcali, los hechos se remontan a febrero de 2021. En ese entonces “se creó un consorcio con empresas dominadas por Emilio Tapia con el propósito de quedarse con dos contratos ofertados por las Empresas Municipales de Cali (Emcali)”, aclaró el comunicado de la Fiscalía.
El fin de estos contratos eran para llevar a cabo las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, situada entre los municipios de Buga y Loboguerrero (Valle del Cauca), por montos de 3.798 y 2.414 millones de pesos. Para poder hacerse con el billete, se volvieron a falsificar las pólizas.
Solo que en esta ocasión se “garantizaba el cupo de crédito por el 30% de cada uno de los contratos”, indicó el documento. De esta forma hicieron “incurrir en error a funcionarios de Emcali”, que pensando que el trámite no tenía ningún vicio, emitieron los avales administrativos indispensable para poder suscribir los contratos.
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