La multinacional minera Drummond se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, enfrentando acusaciones de presuntos vínculos con grupos paramilitares que operaron en sus instalaciones durante los años más álgidos del conflicto armado en Colombia.
Recientes declaraciones ante la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han intensificado el escrutinio sobre la compañía. Wilver Aguirre Díaz, quien trabajó durante 30 años como coordinador de seguridad en la mina La Loma, reveló que grupos paramilitares circulaban libremente en las minas Pribbenow y El Descanso desde 1999, así como en la zona de carga de trenes.
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Según Aguirre, notificó esta situación al entonces gerente de seguridad, el general retirado Rafael Peña Ríos, quien habría ordenado no intervenir para “evitar problemas”, según la investigación realizada por W Radio.
El testimonio también implicó a Edgar Ruiz, actual vicepresidente de seguridad de Drummond, en un presunto incidente ocurrido en 1995. Según Aguirre, Ruiz ordenó a un piloto transportar armas y dinero al exparamilitar Hernán Giraldo Serna, también conocido como ‘El Señor de la Sierra’. El piloto, Miguel Gnecco Plá, se habría negado y dejó la empresa meses después.
Otro relato significativo al que tuvo alcance el medio mencionado provino de Juan Carlos Quintero, exlíder sindical de Sintramienergética, quien desde el exilio aseguró haber presenciado la presencia de paramilitares armados dentro de las instalaciones de Drummond.
Según Quintero, estos grupos recibían combustible autorizado por supervisores de seguridad y el sindicato fue infiltrado por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) bajo órdenes de Alfredo Araújo Castro, entonces gerente de la empresa.
Quintero también señaló que, tras el asesinato de los líderes sindicales Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya en 2001, informó sobre la presencia de paramilitares a directivos de la empresa, quienes no tomaron acciones al respecto. Las amenazas en su contra lo obligaron a abandonar el país.
De acuerdo con la fuente citada, Drummond ha negado categóricamente estas acusaciones, calificándolas de infundadas y motivadas por intereses externos. La empresa sostiene que los testimonios forman parte de un supuesto complot de abogados en Estados Unidos y Colombia para perjudicarla.
Sin embargo, las denuncias han reavivado el debate sobre el papel de las empresas extranjeras en el conflicto armado y su posible complicidad en crímenes de guerra.
El juicio contra exdirectivos de Drummond, José Miguel Linares y Augusto Jiménez, por presunta complicidad con grupos armados, enfrenta constantes aplazamientos. La Comisión Colombiana de Juristas, que representa a las víctimas, ha expresado preocupación por la falta de avances en el proceso judicial. El contexto subraya la necesidad de una justicia pronta y efectiva para las familias afectadas.
La fuga de Ederman Nieto Anaya y su impacto en el caso Drummond
Ederman Nieto Anaya, exparamilitar vinculado al asesinato de los líderes sindicales Locarno y Orcasita, protagonizó una fuga que ha puesto en entredicho la seguridad del sistema carcelario colombiano.
Nieto Anaya escapó el 16 de diciembre de 2024 de una celda en Barranquilla, abriendo un hueco en el techo. En el mismo incidente también se fugó Brayan Smith Bonett Anguila, otro recluso.
Nieto Anaya había sido señalado por participar en el homicidio de los sindicalistas, ocurrido en 2001 cuando ambos fueron obligados a descender de un bus de Transalva, contratista de Drummond, y posteriormente asesinados. Según El Tiempo, este hecho marcó un oscuro capítulo en la historia del sindicalismo colombiano y sigue siendo emblemático en la lucha por justicia para las víctimas.
La recaptura de Nieto Anaya es crucial para el desarrollo de audiencias judiciales programadas para 2024 y 2025. Sin embargo, su fuga pone en evidencia las falencias estructurales del sistema de justicia y aumenta la frustración de las familias de las víctimas, quienes claman por avances en un caso plagado de retrasos.
El escape, sumado a los nuevos testimonios sobre presuntas relaciones entre Drummond y grupos armados ilegales, resalta los desafíos persistentes en la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad en Colombia. Los vacíos en seguridad carcelaria exigen reformas urgentes y refuerzan la necesidad de esclarecer estos vínculos para reconstruir la confianza en las instituciones.
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