La procuradora Margarita Cabello dejará su cargo en medio de un debate por millonaria compra de oficina en Barranquilla: qué fue lo que pasó

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, terminará su gestión sin ofrecer una explicación sobre la compra de un inmueble en Barranquilla, que ha sido objeto de controversia debido a un supuesto sobrecosto del 102%, según se dio a conocer por el Reporte Coronell.

La compra, que costó más de veinte mil millones de pesos, fue realizada a finales de 2023, a pesar de que el avalúo comercial realizado por la Universidad Nacional había establecido un valor de $10.043 millones.

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Esta transacción fue realizada en el edificio Centro Ejecutivo de Barranquilla, un inmueble vinculado a un escándalo de corrupción de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes.

El negocio, que duplicó el valor comercial del predio, generó una discusión en el Congreso, en el que la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, solicitó un debate de control político a la procuradora desde principios de 2024. Sin embargo, la solicitud ha sido cancelada en seis ocasiones sin una explicación clara.

La senadora Hernández denunció que cada vez que se agendaba una fecha para el debate, este era aplazado por otras prioridades legislativas. Además, funcionarios del Ministerio del Interior le habrían solicitado que suspendiera el debate, a lo que ella se negó.

“Siempre hubo una excusa por parte de la mesa directiva anterior y por esta mesa directiva para no agendar el debate, pese a que se agendaron debates de bancadas muy pequeñas que tienen dos o tres congresistas. Este fue el único debate priorizado por el Pacto Histórico durante todo el año que había sido aprobado en la reunión de voceros de los partidos”, dijo Hernández a La W Radio.

A pesar de la insistencia de la senadora Esmeralda Hernández, el debate nunca se concretó, y a medida que el Congreso se prepara para iniciar su receso, parece que la procuradora dejará el cargo sin dar explicaciones sobre la compra del inmueble.

Una de las principales irregularidades detectadas en la compra fue el pago anticipado del 50% del valor del inmueble, es decir, más de $10.000 millones, antes de que se firmara el contrato definitivo. Además, el vendedor, Ludwing Landazábal, tenía antecedentes por su vinculación con el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

A pesar de este historial, la Procuraduría procedió con la compra, a pesar de que el inmueble estaba hipotecado y tenía tres embargos pendientes, los cuales solo fueron levantados dos meses después de la firma del contrato.

El sobrecosto del 102% y las irregularidades en el proceso de compra han causado preocupación sobre el manejo de los recursos públicos. La senadora Hernández insistió en que el valor del inmueble era injustificable y que la Procuraduría no había realizado una debida diligencia antes de cerrar el trato.

El Congreso de la República comenzará su receso el 16 de diciembre y no retomará sus sesiones hasta el 16 de febrero de 2025. Durante ese tiempo, Margarita Cabello dejará el cargo de procuradora, y el nuevo jefe del Ministerio Público será Gregorio Eljach. Esto significa que el debate sobre la compra de la oficina en Barranquilla quedará pendiente, ya que la procuradora no estará en su puesto cuando se reanuden las actividades legislativas.

Para entonces, la senadora Hernández señala que se deberá tomar una decisión sobre si el nuevo procurador retomará el debate, dejando a Cabello sin ofrecer explicaciones ante el Congreso sobre esta controversial transacción.

Ludwing Landazábal, un nombre vinculado a escándalos legales, vuelve a estar en el centro de la controversia tras la compra de un inmueble por parte de la Procuraduría General de la Nación en Barranquilla.

Según un informe de El Reporte Coronell en La W Radio, el 20 de diciembre de 2023, se firmó un acuerdo de compraventa entre la Procuraduría y Landazábal, representante de la sociedad Inversiones Landazábal Daguer y Compañía Sociedad en Comandita, para la adquisición de la oficina 701 del Edificio Centro Ejecutivo por 20.306 millones de pesos.

Sin embargo, el valor comercial del inmueble, según un avalúo realizado por la Universidad Nacional, era de 10.043 millones de pesos, lo que indica un sobrecosto significativo en la transacción.

El acuerdo estipulaba que el inmueble debía estar libre de hipotecas y embargos, pero al momento de la firma, la oficina estaba hipotecada y tenía tres embargos registrados por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Estos gravámenes no fueron levantados hasta el 1 de marzo de 2024, casi dos meses después de la transacción, lo que sugiere una posible falsedad en el documento de compraventa.

Landazábal, que fue vinculado a casos legales como el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el que el fiscal Camilo Bula fue condenado a 18 años de prisión, salió de dicho caso por prescripción de la acción penal. A pesar de su historial, la Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, procedió con la compra del inmueble sin verificar adecuadamente su situación jurídica, comprometiendo así recursos públicos.