La Dimayor se despachó contra Juan Fernando Cristo tras polémicas declaraciones: seguridad en los estadios genera profunda división

Los graves hechos de orden público que ocurrieron el domingo 15 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, durante la gran final de la Copa BetPlay 2024 entre América y Atlético Nacional, cuando los fanáticos del cuadro local impidieron el final del partido y, por ende, la vuelta olímpica de Rey de Copas, continúan generando fuertes repercusiones mediáticas.

Tras las duras declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que anunció que empezará a hacerse una disminución gradual de la presencia policial en los escenarios deportivos, en una decisión que según él es concertada, motivó una fuerte respuesta de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que se mostró en desacuerdo con la medida.

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“Es lo que hemos estado concertando con el fútbol profesional, con la Dimayor, y es lo que queremos volver a reunirnos porque no se trata de retirar la Policía de una vez por todas y en todos los estadios del país, pero sí tiene que haber gradualmente ese proceso para cumplir con las decisiones que se han venido tomando en años anteriores”, afirmó Cristo sobre el particular.

Es válido recordar que el incidente tuvo como protagonistas a miembros de la barra Barón Rojo Sur, la más grande que sigue al cuadro escarlata, en un acto que al parecer estaría premeditado, invadieron el césped, se enfrentaron con efectivos de la fuerza pública y causaron graves destrozos tanto de la tribuna sur como en otros sectores del escenario deportivo; según evidenció el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón.

Luego de conocerse las afirmaciones del jefe de la cartera del Interior, el ente rector se pronunció y con un extenso comunicado remarcó que el Gobierno nacional no puede pretender que deje de cumplirse el papel que, por mandato constitucional, debe cumplir la Policía Nacional como fuerza encargada de garantizar la seguridad de los ciudadanos; por más de que el espectáculo sea privado.

“No compartimos las declaraciones realizadas por el Ministerio del Interior en su comunicado del día 16 de diciembre de 2024, donde plantea que la reducción de la presencia de la Policía Nacional, no es una decisión unilateral, sino una medida concertada en cumplimiento de la Sentencia C-128 de 2018″, expresó la entidad, a cargo del presidente Fernando Jaramillo.

Acto seguido, en su misiva, explicó que la Corte Constitución dejó en claro, en la referida sentencia, que si bien los organizadores de eventos que involucren aglomeraciones de público complejas están obligadas a contratar a empresas de vigilancia y seguridad privada, y/o firmas logísticas, “en ningún caso, esa situación subordinará, desplazará o relevará a la Policía Nacional de sus deberes constitucionales”.

Lo anterior, de acuerdo con los artículos 2 y 218 de la Carta Magna, que da cuenta de la labor que le corresponde a la institución policial para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y recordó cómo se opuso a la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en este sentido.

Adicionalmente, la Dimayor remarcó en su comunicado que no solo se debe responsabilizar a los clubes, como organizadores del espectáculo, sino que pidió que se tomen medidas más fuertes para dejar de sancionar el cemento.

“Es hora de identificar a los responsables de desmanes y que estos respondan por sus actos; de igual manera, se deben establecer responsabilidades para cada uno de los actores que intervienen en los Comités Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia”, puntualizó la entidad, en la víspera de una nueva final: la que disputarán Deportes Tolima y Nacional, por la Liga BetPlay Dimayor 2024-2.

Por último, la División Mayor del Fútbol Colombiano reiteró el llamado a la Policía Nacional para que acompañe cada uno de los partidos, ya que la logística es un cuerpo de seguridad privada que no tienen, indicó, ni el reconocimiento ni de los elementos de protección necesarios para contener hechos violentos; “motivo por el cual en términos de la Corte Constitucional, no podrán ser subordinar, desplazar ni revelar a la Policía Nacional”.