Tras la aprobación final por parte del Congreso de la reforma al Sistema General de Participaciones, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, comenzaron a surgir llamados dentro del oficialismo para que las distintas carteras del Ejecutivo respalden la iniciativa y no obstaculicen su implementación. En este contexto, Fecode, el principal sindicato de docentes, emitió un comunicado en el que reafirma su apoyo al proyecto y exige a las entidades gubernamentales que se habían mostrado reticentes a la reforma, que reevalúen su postura y se alineen con la propuesta aprobada.
La reforma defendida por Fecode ha generado críticas entre economistas y expertos en desarrollo económico, quienes advierten sobre los riesgos de incrementar las transferencias a las regiones sin definir fuentes claras de financiación. Los detractores señalan, además, la falta de controles efectivos que garanticen el uso adecuado de los recursos y prevengan posibles desviaciones en la gestión de los fondos públicos.
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“Fecode reconoce el trabajo conjunto de varias federaciones integrantes de la Mesa Sectorial, especialmente de educación, de la iniciativa de los Ministerios de Educación, del Interior, Salud y de Trabajo, del acuerdo parlamentario tanto en Senado de la República como en la Cámara de Representantes, que hicieron efectiva esta reforma; de igual manera, al magisterio colombiano y a la estructura organizativa de la Federación, sus fuerzas políticas y el Comité Ejecutivo, que siempre mantuvieron la iniciativa, en defensa de los derechos de los niños, jóvenes y padres de familia y el compromiso de fortalecer la educación pública colombiana”, comentó la agremiación en su comunicado.
Según el comunicado de Fecode, el acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP) establece que este crecerá progresivamente hasta alcanzar el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en un periodo de transición de 12 años. Además, resalta que la educación se mantiene como el destino principal de estos recursos, al ser reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental y no únicamente como un servicio.
El comunicado también subraya que el Gobierno Nacional tiene un plazo máximo de doce meses, a partir de la promulgación del acto legislativo, para presentar una ley que regule la organización y el funcionamiento del SGP y la distribución de competencias. Asimismo, Fecode señala que la reforma eleva a rango constitucional tres años de educación inicial, nueve de educación básica y dos de educación media, lo que fortalece el acceso y la obligatoriedad educativa en el país. Con esta medida, se espera garantizar recursos concurrentes y avanzar en la mejora de la calidad educativa en todos los niveles.
Por otro lado, en otra parte del comunicado la agremiación comentó que “en el acto legislativo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación (DNP) hacen énfasis en que los recursos y las competencias estarán en equilibrio con la sostenibilidad, regla y el mediano plazo fiscal hoy existentes como instrumentos constitucionales y legales, un condicionamiento que ojalá no frene el espíritu de inversión contenido en la iniciativa aprobada”.
A lo anterior añadieron lo siguiente: “El acto legislativo naciente da al traste con la posición ortodoxa y presión de varios gremios, de economistas y exministros de Hacienda, que no lograron su cometido. El análisis de la tecnocracia neoliberal basa su argumentación en una concepción errónea de la financiación de los derechos, al considerarlos como una carga o un gasto, desconociendo su impacto positivo en la sociedad”.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respaldado por el presidente Petro, defendió el proyecto a lo largo de su discusión. Durante este proceso, enfatizó que, para que la iniciativa sea efectiva, es necesario aprobar una legislación adicional que aclare diversos procedimientos que deberán implementarse.
“No todos los días se hace historia. Con la aprobación por consenso del Acto Legislativo de reforma al SGP en el Senado, cumplimos con las regiones y los municipios de Colombia. Ahora, trabajamos en una ley de competencias que permitirá materializar la #AutonomíaTerritorial con responsabilidad fiscal. Esta ley será un punto de encuentro para todos los colombianos, con el propósito de construir juntos un nuevo modelo de Estado y de sociedad”, dijo el ministro tras la aprobación del proyecto.
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