La Misión de Colombia ante la ONU solicitó este viernes, por primera vez, información sobre los colombianos detenidos en el marco de las protestas postelectorales en Venezuela, que resultaron en casi 2.000 detenciones arbitrarias, incluidos menores de edad.
A través de su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, Colombia pidió a las autoridades venezolanas que respondieran a la solicitud de información sobre siete ciudadanos colombianos detenidos de forma arbitraria tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también hizo un llamado urgente al gobierno de Nicolás Maduro para liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizarles juicios justos, permitiendo que puedan designar abogados de confianza.
“Es fundamental que se tomen medidas urgentes y que se liberen sin dilaciones a los cientos de detenidos arbitrarios”, señaló Turk durante su intervención.
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente tras la represión de las protestas que estallaron debido al resultado electoral, ampliamente cuestionado tanto dentro como fuera del país.
La Unión Europea condenó las violaciones de derechos humanos en los espacios cívicos en Venezuela y demandó que los responsables rindan cuentas.
Colombia, que a partir de 2025 será miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacó la importancia de la asistencia consular para los siete ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela.
El gobierno colombiano reiteró su condena a las detenciones arbitrarias y abogó por la liberación de cualquier persona detenida sin justificación legal. Además, solicitó que las autoridades venezolanas brinden garantías para la oposición política y aseguren el respeto al debido proceso para todos los detenidos.
El gobierno de Maduro, por su parte, rechazó las críticas y acusó al alto comisionado de subordinarse a los intereses de los Estados Unidos, calificando la actuación de la ONU como “errática y selectiva”. También defendió las nuevas leyes, como la Ley de Fiscalización sobre ONG, argumentando que están destinadas a proteger al país de “agresiones externas”.
A pesar de las tensiones diplomáticas, Turk expresó su esperanza de restaurar la presencia plena de su oficina en Venezuela, luego de que el gobierno chavista los expulsara en febrero de este año.
Esta solicitud de Colombia y las declaraciones internacionales se dan en un momento crítico, cuando el gobierno de Maduro intenta reducir la presión internacional en medio de denuncias de fraude electoral y la continua represión de la oposición.
Cidh condena al Estado colombiano por la desaparición forzada de exguerrilleros del EPL
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de los exguerrilleros Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, del Ejército Popular de Liberación (EPL), que fueron detenidos por policías en la Clínica Tequendama de Cali el 19 de mayo de 1995, y posteriormente desaparecidos.
La CIDH destacó que esta desaparición se produjo en un contexto de persecución contra excombatientes del EPL durante un conflicto armado interno marcado por la violencia estatal y graves violaciones a los derechos humanos. Además, la Corte responsabilizó al Estado colombiano por no investigar las amenazas sufridas por los familiares de las víctimas tras su desaparición.
La Corte ordenó al Estado colombiano que continúe con la investigación, judicialización y sanción de los responsables de las desapariciones, así como avanzar en la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos y la creación de un espacio de memoria para honrar a las víctimas
La sentencia recuerda que las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado en la década de los 90, especialmente por la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase) de la Policía Nacional, fueron parte de un patrón de violencia estatal durante ese período.
Los hechos que llevaron a la desaparición de Ubaté y Bogotá se enmarcan en un contexto de persecución a excombatientes desmovilizados del EPL que, tras abandonar las armas en 1991, se vieron atrapados en un ambiente de represión y violencia.
La Corte Interamericana, al declarar al Estado colombiano responsable, subraya la grave impunidad que prevaleció durante muchos años en casos de desapariciones forzadas.
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