Masacre en Sucre: ofrecen recompensa de $20 millones para capturar a los responsables de homicidio múltiple en San Juan de Betulia

En el corregimiento de Loma Alta, en la zona rural de San Juan de Betulia, Sucre, un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad tras la masacre que acabó con la vida de tres personas: un padre, su hijo y la pareja del joven.

El triple homicidio, que se convirtió en la masacre número 72 reportada en Colombia, ha llevado a las autoridades a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca a los responsables de este nuevo hecho violento.

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Las víctimas, identificadas como Enrique Segundo Royero Quintero (59 años), su hijo Kemil Andrés Royero Pardo (17) y la novia del menor, Isabella Pernet Estrada (16), fueron atacadas mientras se desplazaban en una motocicleta.

Según informó La Razón, el vehículo, que había sido adquirido recientemente, fue hallado al costado de la carretera junto con las pertenencias de las víctimas, lo que ha llevado a las autoridades a descartar el robo como posible motivo del crimen.

La menor fue trasladada al centro de salud de Betulia, donde lamentablemente falleció poco después de su ingreso. Padre e hijo fallecieron en el acto.

En respuesta a este violento incidente, las autoridades del departamento de Sucre han decidido incrementar la presencia de fuerzas policiales y militares en las áreas rurales más vulnerables, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir futuros actos delictivos.

En tanto que la comunidad de San Juan de Betulia se encuentra consternada por este acto de violencia, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y dar con los culpables.

Mientras tanto, y a través de un video que se conoció a través de redes sociales la mañana del viernes 13 de diciembre de 2024, quedó captada la movilización ciudadana que se produjo por parte de la comunidad del corregimiento de Chapinero (jurisdicción del municipio de Corozal, Sucre), donde se realizaron las honras fúnebres del padre y su hijo.

Con prendas blancas, y pidiendo justicia y la captura de los responsables, los lugareños le exigieron a las autoridades que se investigue a fondo lo sucedido.

La indagación del caso sigue abierta en vista de que hasta el momento no se tienen mayores pistas que puedan conducir a los victimarios. Por este motivo se tomó la decisión de anunciar el pago de la recompensa a quien brinde información.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor Central, incluyendo a un menor de edad, en el departamento de Cesar el 24 de octubre, según informó la Defensoría del Pueblo. Este incidente es parte de una serie de eventos violentos que han sacudido a Colombia en los últimos meses, afectando a los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente a los grupos armados para que respeten los principios de proporcionalidad y distinción hacia la población civil, recordando su obligación de proteger a las comunidades ajenas al conflicto.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha instado al Gobierno nacional a reactivar las mesas de diálogo con el ELN y las disidencias de alias Calarcá como una medida urgente para buscar una salida negociada a la crisis.

Durante la primera semana de diciembre, estos departamentos fueron escenario de masacres, desplazamientos masivos y secuestros, lo que ha generado alarma entre las autoridades y la ciudadanía.

La situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a advertir sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos que están afectando profundamente a las comunidades de estas regiones y de otras partes del país.

En el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, se registraron enfrentamientos entre las disidencias, lo que ha contribuido al clima de inseguridad y violencia que se vive en la región. La Defensoría del Pueblo ha subrayado la necesidad de proteger a las comunidades civiles y ha pedido a los actores armados que cesen las hostilidades.