En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Funza, Cundinamarca, un hombre fue detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a dos menores de la comunidad indígena emberá katio.
De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió el 30 de junio de 2024 en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, donde el sospechoso, quien también pertenece a la comunidad, habría realizado tocamientos indebidos a las menores de edad.
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La Fiscalía General de la Nación solicitó la medida de aseguramiento para el presunto abusador, la cual fue aprobada por un juez de control de garantías. La fiscal encargada del caso, perteneciente al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual, imputó al acusado los delitos de acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años, ambos en su modalidad agravada. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.
Tras el presunto ataque, el hombre abandonó el lugar, pero regresó posteriormente a la UPI, donde fue capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. Ahora, deberá cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel Modelo de Bogotá.
La Administración distrital se pronunció ante este hecho, e indicó su rechazo por los presuntos actos de violencia sexual hacia los menores de edad de la comunidad embera. Por eso, entidades del distrito como Secretaría de Salud, Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Integración Social y la Secretaría de Gobierno, activaron la ruta de atención integral para salvaguardar a las menores afectadas.
De acuerdo con la cartera, las entidades mencionadas han ofrecido de manera continua servicios de atención en salud y educación, atención a niñez y a la primera infancia, y ayuda humanitaria para la comunidad, en los casos que son competencia de la Alcaldía de Bogotá. Además, el distrito reiteró que es un deber de todos velar por salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, para garantizar una vida libre de violencias.
Cifras frente a denuncias por violencia sexual a menores aumentó el 8%
En Colombia, el 95% de los menores afectados por delitos residen en zonas rurales, donde la intervención estatal es menos efectiva, según reveló la teniente coronel Claudia Suárez Carrillo, jefa de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. En lo que va de 2024, las denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes han aumentado un 8%, alcanzando un total de 78.124 reportes, en comparación con las 71.851 denuncias registradas en 2023.
Los menores de entre 6 y 12 años son los más afectados, representando 40.026 de las víctimas, mientras que los grupos de 12 a 17 años y de 0 a 5 años también muestran cifras preocupantes. El género femenino es el más afectado, con un 56% de las víctimas, lo que equivale a 43.692 casos, mientras que el 44% restante, 34.432 casos, corresponde a varones.
Entre los delitos más comunes, la violencia intrafamiliar encabeza la lista con 17.940 casos, seguida por la inasistencia alimentaria con 9.919 denuncias y actos sexuales abusivos, que han generado cerca de 11.000 denuncias. Estos datos reflejan una crisis estructural que afecta tanto la seguridad como el bienestar de los menores en el país.
Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima son los que presentan mayores cifras de denuncias, lo que subraya la necesidad de una intervención más efectiva en estas regiones para proteger a los menores.
Violencia contra mujeres
Por otra parte, en los primeros diez meses de 2024, Colombia registró un preocupante aumento en los casos de violencia de género, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo. En este período, se documentaron 745 feminicidios, lo que subraya la gravedad de la situación para las mujeres en el país. Este dato alarmante incluye 44 casos que involucran a niñas y 11 a personas de la población trans.
“Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lideresas sociales, afrodescendientes, indígenas y migrantes enfrentan los riesgos más graves por las dinámicas del conflicto”, se señala en el informe de la Defensoría.
Asimismo, el 84% de los 1.381 los casos de explotación sexual comercial contra menores, corresponde a las niñas del territorio nacional.
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