Juan Pablo Gallo Maya, senador del Partido Liberal, enfrentó este martes 10 de diciembre una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, donde fue llamado a indagatoria por su presunta implicación en irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Este caso ha acaparado atención debido a la vinculación de varios congresistas en presuntos manejos indebidos de recursos públicos.
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Durante la diligencia, que duró aproximadamente una hora, el congresista optó por no responder preguntas, siguiendo el consejo de su defensa.
Según su abogado Jesús Albeiro Yepes, esta estrategia busca evitar cualquier declaración que pueda ser malinterpretada o usada en su contra, especialmente porque consideran que no hay pruebas contundentes para sustentar las acusaciones. La defensa confía en que el análisis profundo de los hechos demostrará la inocencia de Gallo.
“Confiamos en que, al analizar los hechos, se confirmará su inocencia”, aseguró tras finalizar la sesión, que tuvo una duración de aproximadamente una hora.
Posicionamiento político y respuesta pública
Antes de ingresar al tribunal, Gallo expresó confianza en la justicia y reiteró su tranquilidad respecto a sus acciones. Resaltó su postura como opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que siempre ha votado en contra de las reformas promovidas por la administración actual.
El senador insinuó que las acusaciones podrían estar influenciadas por su papel crítico frente al Ejecutivo, aunque no presentó pruebas que sustenten dicha afirmación.
“Tengo seguridad, confianza en Dios y estoy muy seguro de todas mis actuaciones”, dijo.
Contexto del caso y otros implicados
Gallo es el cuarto congresista citado por la Corte Suprema en relación con esta investigación, uniéndose a Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Bitar y Karen Manrique.
El caso gira en torno a presuntas irregularidades en la asignación de recursos de la UNGRD, con un enfoque en proyectos específicos ubicados en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Los investigadores señalan que los congresistas pudieron haber utilizado su influencia en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para favorecer aprobaciones presupuestarias que beneficien estos proyectos.
Entre las pruebas presentadas se encuentran documentos y testimonios que sugieren posibles acuerdos entre los legisladores y el Ministerio de Hacienda durante las sesiones legislativas de 2023.
Los puntos críticos de la investigación
En el periodo señalado, la CICP dio luz verde a 13 de los 18 conceptos de crédito sometidos a su evaluación, un ritmo acelerado que levantó sospechas sobre presuntos arreglos políticos. Las autoridades buscan esclarecer si estos movimientos estuvieron condicionados por intereses particulares, incluyendo la adjudicación de contratos específicos en los municipios mencionados.
El caso de Juan Pablo Gallo representa un nuevo episodio en un escándalo que podría tener implicaciones profundas para la política nacional. La Corte Suprema continúa recopilando pruebas y tomando declaraciones en busca de esclarecer el alcance y las responsabilidades dentro de este esquema. Por ahora, la defensa del senador confía en que los hechos respaldarán la inocencia de su cliente, mientras el país sigue atento a los avances en esta compleja investigación.
Hermana de Armando Benedetti advirtió sobre inminente escándalo
Ángela Benedetti, que fue concejala de Bogotá y que además ofició como embajadora de Colombia en Panamá durante el mandato de Juan Manuel Santos, generó un remezón con sus declaraciones, teniendo en cuenta que, al inicio del actual periodo, ella era una de las personalidades cercanas al proyecto político; pero se fue desmarcando a medida que avanzaron los escándalos y pese a que su hermano ha hecho parte del proyecto político desde la campaña presidencial.
“El escándalo que viene hará parecer el de la Ungrd como a un bebé de pecho”, afirmó la política, sin dar mayores detalles, pero con lo que anunciaría que tiene en su poder información que podría generar consecuencias de gran calado al interior de la administración: a la que le restan un año y ocho meses para que llegue a su fin; y con varias promesas sin cumplirse, además de otros frentes en los que el propio presidente libra algunas batallas.
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