A menos de un año para que se inicie la temporada electoral en Colombia, se han conocido varias mediciones sobre los posibles candidatos que estarían participando en los comicios presidenciales del 2026.
Aunque algunas personalidades ya han anunciado su aspiración de llegar a la Casa de Nariño, como sucesor de Gustavo Petro, otros consideran que es muy temprano lanzar su postulación electoral, pues faltan menos de 20 meses para que culmine el mandato del líder progresista.
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Sin embargo, hay otras figuras políticas que consideran esto como una estrategia para debilitar el mandato de Petro. Por ello, en el Congreso de la República iniciará la discusión de un proyecto de ley que pretende regular las encuestas y los sondeos de opinión, con el propósito de no generar una percepción negativa hacia los colombianos.
La iniciativa es liderada por la bancada del Pacto Histórico, la coalición que lidera el actual mandatario nacional, pero que cuenta con el respaldo de otros 20 congresistas de diferentes partidos políticos como Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático.
La senadora Clara López explicó que la propuesta recoge una de las bases planteadas en la polémica reforma al Código Electoral, uno de los proyectos que fue tumbado por la Corte Constitucional por vicios en el trámite, pero que contempla varias modificaciones como las sanciones a las firmas encuestadoras o personas que alteren u oculten información, ya que podría acarrear en una pena de hasta nueve años de prisión, así como una multa económica de 200 salarios mínimos mensuales, es decir, más de 260 millones de pesos.
“Las encuestas afectan la opinión. Entonces, se trata de que sean técnica e imparcialmente elaboradas. El objetivo es que cumplan los estándares técnicos estipulados de manera estadística, para que sus resultados sean confiables”, comentó la congresista Clara López en declaraciones a El Espectador.
Otros aspectos de la propuesta
También, la propuesta menciona que las firmas encuestadoras tendrán que incluir el costo del sondeo en la ficha técnica, ya que, en la actualidad, no está contemplado este dato y, para la congresista, podría influir en la percepción de los ciudadanos.
Frente a este aspecto, han ocurrido dos casos en cuestión que han generado controversia en la opinión pública. El primero es un sondeo divulgado por la Casa de Nariño, en la que contrató al Centro Nacional de Consultoría (CNC) donde se evidenció la imagen de los colombianos frente a la gestión del presidente Gustavo Petro.
Al tener una favorabilidad del 50,7 por ciento, el mandatario celebró esta medición, lo que generó una posible desconfianza con otras firmas.
El segundo caso fue en el Centro Democrático, donde una encuesta mostró tendencia favorable al senador Miguel Uribe, lo que generó malestar en algunas de sus compañeras de bancada, como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, al considerar que se estaba “corriendo la línea ética”. No obstante, Miguel Uribe, en declaraciones a Infobae Colombia, desmintió que haya financiado dicha medición, por lo que pidió serenidad y calma a las congresistas mencionadas.
De otro lado, la senadora Clara López enfatizó en que la iniciativa también busca que las encuestas o sondeos de opinión no sean expuestos ocho días antes de las jornadas electorales, así como endurecer los requisitos que deben tener en cuenta las empresas encargadas de la materia.
Algunas de las condiciones contempladas en el proyecto de ley es tener mínimo tres años de experiencia haciendo este tipo de estudios, aunque expertos en materia electoral aseguran que se deben ajustar otros aspectos para garantizar total tranquilidad en época de campaña.
“Debe poner condiciones más exigentes a las encuestas electorales, ya que las actuales se limitan a la ficha técnica, y debe contar con un equipo eficiente de expertos que revise minuciosamente cada etapa para así garantizar que los resultados sean válidos y estén libres de cualquier sospecha”, explicó Hanwen Zhang, doctora en Estadística a El Espectador.
Se espera que el proyecto de ley sea discutido en la Comisión Primera del Senado, antes del 16 de diciembre de 2024, fecha establecida por la ley, en la que el Congreso podrá discutir las iniciativas parlamentarias y actos legislativos.
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