Presidente de la JEP le respondió a ‘Timochenko’, tras duras críticas a la labor del tribunal transicional: esto dijo

Con un extenso pronunciamiento, emitido el sábado 7 de diciembre de 2024, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, se refirió a las afirmaciones hechas por Rodrigo Londoño Jiménez, alias Timochenko, excomandante del antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que cuestionó el papel del tribunal transicional.

En la misiva, dirigida a la opinión pública, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, países garantes y acompañantes y la Corte Penal Internacional, el togado defendió la labor del tribunal, al afirmar que “no puede pasar por alto el dolor de las víctimas y sus demandas de verdad” como, según él, pretenden algunos sectores, “que desde la política quieren que la JEP desvíe su mandato”.

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Ramelli emitió estas declaraciones luego de que Timochenko, a su vez, criticara lo dicho por el magistrado, en el sentido de que, si no concluyen los procesos que tiene a su cargo el tribunal transicional, durante el periodo en el que estará en vigencia, durante 2037, los comparecientes deberán responder ante la justicia ordinaria; afirmaciones que generaron controversia.

“En reiteradas ocasiones hemos expuesto nuestras preocupaciones por la distancia que la magistratura de la JEP ha tomado de la letra y el espíritu del Acuerdo. Desde abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el secretario General, Antonio Guterres, atendiendo nuestras preocupaciones, alertaron al Estado sobre la demora de la JEP en emitir sentencias y la inseguridad jurídica que esta situación generaba en los comparecientes”, expresó Londoño, director del partido Comunes, en una carta.

En su carta, Ramelli, recordó que lo que se acordó en el proceso de paz que se adelantó en La Habana (Cuba) con las Farc, y tras los ajustes efectuados luego por el plebiscito, el Legislativo y la Corte Constitucional, es que el modelo de la JEP responde a los principios de la justicia restaurativa, “cuyo centro son las víctimas”; un mecanismo que, según añadió, fue reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

“En él participan de manera individual y colectiva alrededor de 400.000 víctimas, de todos los sectores de la sociedad, campesinos y comunidades étnicas. La verdad judicial ha permitido que las heridas empiecen a sanar y que las víctimas empiecen a encontrar a sus desaparecidos”, destacó el magistrado titular de la jurisdicción especial.

Asimismo, aclaró que los beneficios para quienes se sometan al tribunal transicional están sujetos, en todos los casos, a los aportes a la verdad, la no repetición y a que las respuestas a las víctimas sean satisfactorias, en lo que respecta a hechos como el secuestro, los ‘falsos positivos’, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, “y otros graves crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

“La JEP, como alta corte, y tribunal de cierre, continuará con su trabajo de reconciliación, pese a los reiterados esfuerzos de distintos sectores, comprometidos en la guerra, quienes siguen intentando por todos los medios que no se conozca la verdad y no se juzguen a los máximos responsables”, afirmó Ramelli, que con ello también respondió a los sectores de oposición, que han puesto en duda la labor del tribunal.

E hizo énfasis que, en cumplimiento de su deber, la JEP seguirá “desenterrando” la verdad que se ha pretendido esconder. Además de explicar cómo se han logrado avances significativos en los 11 macrocasos que tiene a su cargo el tribunal, que no solo comprometen a la Jurisdicción, y a sus distintas instancias, “sino a todas las ramas del poder público y a las víctimas”.

“Y sobre todo depende de los comparecientes, agentes de Estado y terceros, miembros de la fuerza pública y también firmantes de Paz de quienes se espera respeto a la ley y al Acuerdo y sus aportes decididos y sin dilaciones a la verdad”, agregó el magistrado, que dejó en claro que se han esclarecido patrones macrocriminales que eran “desconocidos” por el país.

También remarcó que tanto los firmantes de paz, como los integrantes de la fuerza pública y los civiles que han comparecido ante la JEP, tendrán derecho a una sanción propia y a resolver su situación jurídica, “siempre y cuando asuman su responsabilidad de manera pública y entreguen verdad detallada y exhaustiva”. Con ello, remarcó que no bastará con asumir responsabilidades de manera general”, pues se estaría eludiendo a las víctimas.

Y, por último, se refirió a cómo desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países que acompañaron el referido proceso e, incluso, la Corte Penal Internacional y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han resaltado los esfuerzos del tribunal transicional para que se “respete la vida y seguridad de más de 9.000 firmantes de paz”, con medidas cautelares en las instituciones del ordenamiento jurídico.