Así debe actuar en caso de que haya comprado un tiquete en un vuelo sobrevendido

En Colombia, la práctica de la sobreventa de vuelos es común en la industria aérea por parte de varias aerolíneas. Tal situación puede generar inconvenientes para los pasajeros cuando todos los viajeros se presentan y no hay suficientes asientos disponibles.

Según la Aeronáutica Civil, aunque esta práctica es legal, las aerolíneas están obligadas a informar a los pasajeros afectados y ofrecerles soluciones adecuadas, como compensaciones económicas o servicios alternativos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La sobreventa de vuelos es una estrategia comercial válida que se basa en la expectativa de que algunos pasajeros no se presentarán, pero cuando esto no ocurre, las aerolíneas deben ofrecer alternativas como la reubicación en otro vuelo, el reembolso del boleto o atención especial mientras se espera, que puede incluir alimentos y alojamiento si es necesario.

De hecho, de acuerdo con la legislación colombiana, los pasajeros tienen derecho a recibir una compensación económica o bonos de viaje, dependiendo de la distancia del vuelo y las políticas de cada aerolínea.

“En casos de sobreventa, el transportador deberá embarcar al pasajero en el siguiente vuelo disponible y otorgarle una compensación equivalente al 30% del valor del trayecto en efectivo a menos que acepte expresamente otra forma”, es lo que indica la Superintendencia de Transporte.

Según el manual de la entidad encargada de supervisar todos los protocolos de transporte en el país, si un pasajero se ve afectado por la sobreventa y no puede abordar su vuelo, lo primero que debe hacer es solicitar una explicación oficial de la aerolínea.

Incluso, como también informó Semana, resulta fundamental pedir que las opciones y compensaciones se detallen por escrito, ya que este documento será esencial si se decide presentar una reclamación formal más adelante. Además, se recomienda conservar todos los documentos relacionados con el vuelo, como boletos y recibos de pago, y registrar los nombres de los representantes de la aerolínea con quienes se hable.

En caso de que las soluciones ofrecidas no sean satisfactorias, los pasajeros pueden presentar una reclamación ante la Aeronáutica Civil de Colombia, que supervisa a las aerolíneas y garantiza el cumplimiento de las normativas. Este organismo es el encargado de velar por los derechos de los pasajeros y asegurar que las aerolíneas cumplan con sus obligaciones.

La legislación colombiana protege a los pasajeros afectados por la sobreventa de vuelos, asegurando que reciban una compensación justa y adecuada. Conocer estos derechos y exigir soluciones adecuadas permite a los pasajeros manejar la situación de manera efectiva y garantizar que sus derechos sean respetados.

En el Aeropuerto Internacional El Dorado, los viajeros debieron enfrentar en las últimas jornadas largas esperas para pasar por los controles de migración, con tiempos de espera que alcanzan hasta tres horas, según reportes de los propios pasajeros.

Esta situación, que ya se solucionó debido al levantamiento del “plan tortuga” tras un acuerdo con el Gobierno nacional, incluyó una protesta de los funcionarios del sindicato de Migración Colombia.

Las demoras afectaron a miles de viajeros que utilizan la principal terminal aérea de Colombia. Según testimonios recogidos por Caracol Radio, algunos pasajeros perdieron sus vuelos de conexión debido a las largas filas. Un viajero comentó que, a pesar de ser extranjero, esperó tres horas, mientras que los colombianos llevaban hasta cuatro horas en la fila. “Perdí mi vuelo a Medellín después de venir de México”, expresó el afectado.

En redes sociales, se difundieron videos que mostraron la aglomeración de pasajeros en los filtros migratorios, donde se acumularon hasta cinco vuelos internacionales al mismo tiempo. Las filas han llegado a extenderse más allá de las áreas designadas, alcanzando los corredores de desembarque del aeropuerto.

La protesta de los funcionarios de Migración Colombia fue una medida de presión para que el Gobierno cumpliera con los compromisos adquiridos para mejorar sus condiciones laborales.