Petro sacó pechó por su Gobierno al negar el uso de cupos indicativos: “No los hubo, ni los hay, ni los habrá”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, hizo un nuevo pronunciamiento respecto al controvertido tema de los “cupos indicativos”, al anunciar que su Gobierno solicitará que se investiguen todas las entregas de estos recursos en mandatos anteriores.

El jefe de Estado reiteró, desde Uruguay —donde hará entrega de la Cruz de Boyacá al expresidente José “Pepe” Mujica—, de su compromiso de no permitir la práctica de otorgar este dinero a cambio de votos en el Congreso. Aunque múltiples acusaciones señalan que este mecanismo fue utilizado para manipular el voto de los congresistas, Petro defendió su gestión asegurando que, bajo su mandato, no se ha recurrido a este tipo de recursos políticos.

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Cabe destacar que, los cupos indicativos, que son recursos públicos distribuidos por el Ejecutivo a las regiones a través de los congresistas, fueron históricamente un mecanismo tanto para que los legisladores presenten proyectos en sus circunscripciones como para asegurar apoyos a los intereses del gobierno central; sin embargo, su utilización es objeto de críticas y denuncias por supuestas prácticas de corrupción, ya que se considera que en algunos casos estos recursos se entregaron a cambio de favores políticos.

Y las palabras del presidente se generaron por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que está relacionado con irregularidades en la asignación de contratos para la compra de carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira.

Las denuncias surgieron a raíz de una investigación periodística que reveló contratos manipulados durante la gestión de Olmedo López, exdirector de la unidad, presuntamente para beneficiar intereses políticos y económicos del Gobierno. Varios políticos, como los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle, fueron mencionados por recibir dinero para apoyar proyectos del Gobierno. También se involucró al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo que llevó al presidente Petro a pedir su renuncia.

En una rueda de prensa realizada el miércoles 4 de diciembre en Montevideo, junto al presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, el presidente Petro reiteró su postura en contra de los cupos indicativos en su Gobierno y destacó la importancia de investigar su uso en administraciones anteriores.

“Ahora sí va a prosperar un proceso que yo voy a intentar que se extienda a todas las acciones en donde se entregaron dineros públicos por votos y recompensas durante casi todos los gobiernos que me precedieron, porque en el mío (...) lo primero que dije cuando instalé el gabinete es que en mi Gobierno no va a haber cupos indicativos para congresistas”, afirmó Petro. Además, destacó que en su gestión se ha cumplido con esa promesa: “En mi Gobierno no los hubo, ni los hay, ni los habrá”, sentenció.

Este pronunciamiento llega en medio de un clima de creciente tensión por las denuncias sobre prácticas corruptas dentro del Estado.

Noticias Caracol difundió nuevos audios que comprometen al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo en el escándalo de corrupción, el domingo 1 de diciembre de 2024. En los audios, María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, detalló a la Fiscalía General de la Nación un “pacto” entre los tres funcionarios para aprobar créditos internacionales clave para el Gobierno, mediante la compra de votos de congresistas a través de contratos de la Ungrd por 92.000 millones de pesos.

Benavides relató cómo, en diciembre de 2023, se acordó acelerar la aprobación de créditos en menos de diez días mediante una operación exprés. La estrategia consistía en ofrecer contratos a congresistas a cambio de su apoyo en la comisión interparlamentaria de crédito público, que debía aprobar los préstamos. La exasesora también detalló cómo se gestionaron estos contratos, mencionando a varios congresistas involucrados en el proceso.

Además, Benavides confirmó que los contratos fueron dirigidos a proyectos específicos en varias regiones del país. Su testimonio, que también coincide con las versiones de otros exfuncionarios de la Ungrd, causó un gran revuelo político, y varios congresistas están siendo investigados. Por su parte, Bonilla defendió su inocencia y se mostró dispuesto a demostrar que cometió errores, pero no delitos.

El exministro Velasco, en tanto, afirmó que la situación era conocida por todos los implicados. El caso sigue siendo investigado por las autoridades, mientras los congresistas mencionados rinden cuentas ante la Corte.