
El crimen del periodista y locutor Steven Andrés Fajardo, que se registró en el corregimiento de Doradal, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, generó una respuesta de la ONG Reporteros sin Fronteras (Reporters Without Borders, que se dedica a la defensa de la libertad de prensa en el mundo).
La Organización No Gubernamental, con sede en Francia, le pidió al Gobierno colombiano en un comunicado que se tenga en cuenta dentro de la investigación del caso que el crimen que cometieron hombres armados podría tener relación con su oficio como reportero.
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Tan delicada es esta situación que el martes 3 de diciembre la Federación Internacional de Periodistas (International Federation of Journalists o IFJ, por sus siglas en inglés), también se unió a la petición que hizo Reporteros Sin Fronteras, para que se tenga presente este detalle dentro de la indagación para determinar los móviles del crimen.
Los hechos se reportaron el sábado 21 de noviembre de 2024, momento en el que Fajardo se encontraba en un taller de motocicletas ubicado a pocos metros de la tienda ARA del corregimiento de Doradal (Puerto Triunfo, Antioquia), con la intención de reparar su medio de transporte.

Cuando estaba allí, y ante varias personas, los sicarios llegaron en una motocicleta y uno de ellos disparó en varias ocasiones contra el periodista, que no alcanzó a ser trasladado a un centro médico y murió en el lugar.
Debido a todo esto, el gremio de periodistas del Magdalena Medio expresó su rechazo y lamentó la pérdida de Fajardo, que era conocido por su carisma y compromiso con la comunidad no solo en Doradal, sino a lo largo de la región. A pesar de que no se conocían amenazas recientes en su contra, la IFJ señaló que Fajardo había sido víctima de un intento de homicidio hace seis años (2018).
La muerte de Fajardo ha dejado un vacío en el ámbito radial de la región. Era hijo de José Vicente Fajardo, un destacado director de emisoras radiales en el Magdalena Medio, conocido por fundar varias emisoras, entre ellas La Triunfadora, la Cheverísima de Puerto Nare, la emisora Campeona de Pensilvania, entre otras. Fajardo dejó a su esposa y un hijo de 13 años.
El caso se reportó de forma preliminar como un ajuste de cuentas, y es por este motivo que se pidió que se esclarezcan los detalles alrededor del homicidio de Fajardo.

Reporteros Sin Fronteras, a raíz de esta situación, destacó en una publicación a través de su página web que a pesar de la promesa que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de hacer frente a esta problemática, la misma ONG ha constatado “un aumento de las amenazas contra los periodistas de investigación colombianos desde septiembre”, destacó la publicación.
En el mismo comunicado, Reporteros Sin Fronteras confirmó que Colombia ocupa el puesto 119 de 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024.
“Las autoridades colombianas deben hacer todo lo que esté en su mano para esclarecer el último crimen cometido contra un periodista en su país. La investigación debe dar prioridad a la labor periodística de Steven Andrés Fajardo como posible móvil de su asesinato. También debe ser exhaustiva para identificar cuanto antes a los autores de este asesinato selectivo”, detalló Artur Romeu, director de la oficina para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que el pasado mes de agosto se comprometió con RSF a que su gabinete se implicaría directamente en dar una respuesta rápida a los casos más graves de violencia contra periodistas, debe ocuparse de este caso para hacer justicia a la familia y amigos de Steven Andrés Fajardo”, cerró Romeu.

De igual forma, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) destacó en su publicación hecha a través de sus redes sociales, que bandas delincuenciales locales y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o Clan del Golfo, como también se conoce a este grupo armado ilegal) son las que hacen presencia en esta zona.
“Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido AT 019/23 para líderes, lideresas y defensores de los DD. HH. en las cuales señala el escenario del riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo a la violación a los derechos de la población”, añadió el mensaje de Indepaz.
“Este nuevo ataque recuerda que Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para lxs trabajadorxs de prensa en América Latina y el Caribe, en el que existieron más de 500 vulneraciones a los derechos humanos de periodistas en 2023, y donde el 86% de los casos de violencia contra lxs colegas registrados entre 1977 y 2020 permanecen impunes”, comentó la Federación Internacional de Periodistas.
En tanto que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), repudió el caso y aseguró que “este hecho representa una perdida irreparable”, mientras siguen documentando el crimen como parte de su trabajo investigativo.
Con corte al 18 de noviembre de 2024, las cifras de Indepaz dejan un saldo lamentable de 162 líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia. Este valor puede superar el de 2023, que cerró con 181 casos.
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