
La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate los doce artículos de la reforma a la justicia, que cuenta con el apoyo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
El proyecto tiene como objetivo agilizar los procesos penales, así como la descongestión en el sistema acusatorio, razón por la cual el senador Carlos Fernando Motoa, ponente de la iniciativa, indicó lo siguiente: “Un reconocimiento a la plenaria por haber votado de una forma casi unánime de la ponencia”.
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La reforma se ha centrado en temas de subrogados y beneficios para los responsables de conductas delictuales. Además, se pretende que, a través de las confesiones previas y la colaboración, se agilicen los procesos penales y que por medio de los principios de oportunidad y colaboraciones se puedan tener mejores opciones para combatir el terrorismo.
“Les doy mi palabra de juez que es una buena reforma y estoy dispuesto a estar aquí frente a ustedes a responder en dos años con los resultados con cifras, les vamos a demostrar que en esos casos los niveles de impunidad y la congestión judicial se van a reducir de manera significativa”, indicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.

El único punto que tuvo mayor discusión fue el artículo 11, debido a que el senador Jota Pe Hernández intentó presentar una proposición para eliminarlo. El artículo contempla que se firmen preacuerdos con personas vinculadas al terrorismo, con el propósito de desarticular estructuras terroristas.
“Si se les están entregando beneficios a los terroristas, a los financiadores del terrorismo, a los secuestradores, si hay un beneficio de rebaja de hasta la mitad de la pena en los artículos ahí previstos”, manifestó el senador de la Alianza Verde.
Jota Pe Hernández continuó diciendo que el artículo terminaba actuando a favor de las estructuras. No obstante, los ponentes y el presidente de la Corte insistieron que el objetivo era acabar con las estructuras terroristas, razón por la cual fue acogido el artículo en el proyecto.

Terminando el debate, se votaron dos artículos más. Con el primero, se busca evitar que los condenados por hechos de corrupción paguen sus penas en reclusión especial. El segundo es que anualmente se rinda un informe sobre la aplicación de la reforma en el Congreso de la República. Los dos puntos no tuvieron el apoyo en la plenaria.
Con la probación en segundo debate, el articulado ahora pasará a ser discutido en la Cámara de Representantes, donde se espera también sea aprobada sin mayor complicación.
Críticas de Germán Vargas Lleras
El exvicepresidente y exministro Germán Vargas Lleras dejó ver su desilusión por el avance del que fuera un ambicioso proyecto de reforma de la justicia, que finalmente se ha reducido a un conjunto limitado de modificaciones en el Código de Procedimiento Penal.
En su columna de opinión publicada en El Tiempo y compartida a través de su cuenta oficial de X, el líder de Cambio Radical afirmó que la reforma comenzó como una gran iniciativa para transformar el sistema judicial colombiano, pero resaltó que se ha convertido en un “microproyecto” que no resuelve los problemas más urgentes del sector.

El político y abogado recordó que fue parte de la comisión que originalmente trabajó en una propuesta más integral, integrada por jueces, magistrados, académicos y expertos. En esa comisión se presentaron propuestas y documentos que, en sus palabras, “reposan en la caneca de la basura”.
En lugar de una reforma amplia y estructural, Vargas Lleras afirmó que el actual proyecto se limita a realizar cambios en 13 artículos, principalmente relacionados con el principio de oportunidad, algunas modificaciones menores en el ámbito penal y unas correcciones en materia de reparación a las víctimas.
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