El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer e hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, por presunta injerencia en decisiones relacionadas con la hidroeléctrica de Urrá S.A. ESP.
Según información de Blu Radio, la denuncia del jefe de la cartera de Hacienda se presentó el 28 de noviembre de 2024, luego de que Bonilla recibiera mensajes anónimos en WhatsApp sobre supuestas irregularidades en contratos de la hidroeléctrica.
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La citada hidroeléctrica está ubicada cerca de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba, y cuyo mayor accionista es el Estado.
El ministro Ricardo Bonilla amplió la denuncia presentada por una ciudadana el 27 de septiembre, sobre un posible conflicto de intereses y colusión en la contratación de Urrá S.A. ESP, según Blu Radio.
La denuncia de la ciudadana señala que funcionarios y contratistas externos, como Juan David Díazgranados Garzón y William Tadeo Amín Burgos, “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica”, lo que podría haber “favorecido de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”.
El punto crítico de la denuncia presentada por Ricardo Bonilla es la supuesta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de la hidroeléctrica. Según la denuncia, el propósito sería tomar control de la compañía y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, especialmente en el proyecto Parque Solar URRÁ 19.9, que lleva más de dos años de retraso.
Además, se indica que la empresa Power China habría sido favorecida en diversos contratos estatales relacionados con el sector energético en Colombia. Por tal motivo, el denunciante explicó que estos presuntos favorecimientos deben ser objeto de investigación.
“Se informó acerca de presuntas presiones indebidas ejercidas por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la junta directiva y la administración de URRÁ S.A. ESP. Estas presiones, según el denunciante, estarían dirigidas a tomar control de la empresa para favorecer a aliados cercanos interesados en la adjudicación de contratos, entre los cuales se destaca el Parque Solar URRÁ 19.9. Este proyecto está a cargo del consorcio Lux Power 2022, del cual forma parte la empresa Luxim Ingeniería SAS, presuntamente dirigida por David Cerón y Lucía Muñoz”, detalla la denuncia revelada por el medio mencionado.
En la acción legal se precisa que estas presiones han sido rechazadas por la administración de Urrá. Asimismo, se menciona una reclamación por parte del consorcio Lux Power 2022 por un monto de 60.000 millones de pesos.
El 2 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como de la Empresa de Servicios Públicos Urrá S.A. E.S.P., por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que superarían el billón de pesos.
La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que, según información revelada por medios de comunicación, en la Hidroeléctrica de Urrá se habrían gestionado negocios con 10 empresas para la venta de energía a comercializadoras, sin un criterio técnico adecuado para la asignación de dichos contratos.
En el mismo sentido, la entidad sostuvo que aparentemente las transacciones permitían obtener altos márgenes que no estaban relacionados con la extensión de los precios de venta, y que en ellas hubo condiciones simuladas de negociación para darles apariencia de legalidad.
El Ministerio Público señaló que dos de las compañías estarían radicadas en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, y que revisará los posibles vínculos de al menos tres de ellas con funcionarios del Alto Gobierno, así como la supuesta intervención de algún congresista que ejerció presiones ante la gerencia de comercialización de Urrá.
“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si esta es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no amparados en una causal de exclusión de responsabilidad”, puntualizó la Procuraduría.
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