La JEP suspende la quinta sesión del juicio por falsos positivos contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió la quinta sesión del juicio por los llamados falsos positivos que involucra al coronel retirado Publio Hernán Mejía.

La razón de esta interrupción es la falta de confirmación de los testigos por parte de la Fiscalía de esta jurisdicción especial, según se informó a través de sus canales oficiales.

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Este juicio es parte de un proceso más amplio que busca esclarecer y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

Los falsos positivos se refieren a ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como bajas en combate por miembros de las fuerzas armadas, un tema que ha generado gran controversia y atención tanto nacional como internacional.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP es la encargada de llevar adelante este proceso judicial.

Sin embargo, la falta de testigos ha obligado a posponer las audiencias, que se espera se reanuden el próximo 16 de diciembre. Esta situación subraya los desafíos que enfrenta la JEP en su misión de impartir justicia y contribuir a la paz en el país.

Esta decisión se tomó tras una solicitud del fiscal Samuel Serrano, de la Unidad de Investigación y Acusación, quien propuso la suspensión para reorganizar los testimonios pendientes. La audiencia, que se había interrumpido previamente, se centraba en el testimonio de Cecilia Mieres, una de las víctimas.

Durante la sesión, el fiscal Serrano explicó que se estaban tomando medidas para ajustar el cronograma de testimonios, incluyendo la retirada de algunos de ellos. En respuesta a la solicitud del fiscal, las partes involucradas, incluyendo la defensa y el Ministerio Público, no presentaron objeciones, lo que facilitó la decisión de aplazar la audiencia.

La Magistratura confirmó que la audiencia se reanudará en las fechas mencionadas, y se espera que durante esa semana se presenten los testimonios de los testigos y peritos de la Unidad de Investigación y Acusación, así como los testimonios a cargo de las víctimas. Además, se hizo un llamado a las partes para que soliciten cualquier apoyo logístico necesario para la continuación del proceso.

Asimismo, se informó que la Magistratura responderá a las peticiones escritas presentadas por las partes, asegurando que se notificarán oportunamente para permitir una adecuada reorganización de sus estrategias. La sesión concluyó con el acuerdo de todos los magistrados presentes, quienes confirmaron la suspensión y reanudación de la audiencia para el 16 de diciembre a las 9 de la mañana.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reafirmado su compromiso de proporcionar seguridad jurídica a los excombatientes que cumplan con los requisitos del Acuerdo de Paz, en respuesta a las críticas de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

Las declaraciones del presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, han generado controversia al sugerir que los delitos no juzgados por la justicia transicional podrían ser remitidos a la jurisdicción ordinaria, lo que podría implicar penas privativas de libertad.

Las palabras de Ramelli han suscitado preocupación no solo entre los excombatientes, sino también en el ámbito político, ya que algunos consideran que estas afirmaciones podrían poner en riesgo la estabilidad del proceso de paz. En una carta dirigida a la JEP, Londoño expresó que tales declaraciones ponían en “vilo” los avances logrados en la construcción de paz.

La JEP, en un comunicado oficial, aseguró que la seguridad jurídica de quienes han participado activamente en el proceso está garantizada, siempre que cumplan con los requisitos de verdad, justicia y reparación a las víctimas, tal como se estableció en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana. Sin embargo, el tribunal evitó pronunciarse sobre las consecuencias para aquellos que no colaboren con el esclarecimiento de los hechos, dejando abierta la posibilidad de que esos casos sean remitidos a la justicia ordinaria, como lo anticipó Ramelli.

Este debate se enmarca en un contexto donde la implementación del Acuerdo de Paz sigue siendo un tema delicado y crucial para la consolidación de la paz en Colombia. La JEP se presenta como un pilar fundamental en este proceso, reafirmando su papel en la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado.