
El Ministerio del Interior designó a José Alfonso Granados Santos como gobernador encargado del departamento de Putumayo, tras la anulación de la elección de Carlos Andrés Marroquín por parte del Consejo de Estado, su elección fue invalidada debido a que incurrió en doble militancia política, lo que dejó vacante el cargo en la gobernación.
Granados, que actualmente se desempeñaba como asesor en el Ministerio del Interior, se apartará temporalmente de sus funciones para asumir este nuevo reto. De acuerdo con el decreto 1427 de 2024, firmada por el ministro Juan Fernando Cristo, la designación será provisional hasta que se complete el procedimiento para la selección de un nuevo gobernador, el cual está pendiente a la conformación de una terna por parte de los partidos políticos que apoyaron la candidatura de Marroquín.
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El decreto establece que Granados se separará de su cargo como asesor en el Ministerio del Interior mientras se designa al nuevo gobernador de Putumayo. En este sentido, se especifica que la comunicación de esta designación será enviada a varias entidades, incluyendo la Gobernación de Putumayo, la Asamblea Departamental, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y otros organismos clave relacionados con el proceso electoral.
El decreto también destaca que esta medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, el 28 de noviembre de 2024.
José Alfonso Granados Santos es un abogado con una formación académica que abarca tres especializaciones: derecho penal, gestión pública y derecho público. Su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada al ámbito público, destacándose principalmente por su rol como contralor de Cundinamarca, cargo que asumió en 2019 tras la renuncia de Ricardo López.
Esta posición lo consolidó como una figura relevante en el proceso de control fiscal en el departamento, donde tuvo la responsabilidad de liderar esfuerzos significativos en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la infraestructura hospitalaria y de obras públicas en la región.

Granados también trabajó como asesor jurídico en diversas entidades independientes, lo que le permitió acumular experiencia en la gestión administrativa y la toma de decisiones en entornos públicos. Su involucramiento en distintos sectores refleja su capacidad para enfrentar los desafíos que surgen en la administración pública, especialmente en contextos de gestión fiscal y el fortalecimiento de las instituciones.
Este es el rol de un gobernador en Colombia
El cargo de gobernador en Colombia es fundamental para la gestión administrativa y el desarrollo de los departamentos del país. Este funcionario no solo tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes en su territorio, sino que debe coordinar y promover el progreso integral del departamento, basándose en principios constitucionales y legales.
El gobernador tiene la tarea de dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento, lo que abarca desde la formulación y ejecución de planes y programas hasta la supervisión de la administración de los recursos. Además, está encargado de gestionar el desarrollo integral del territorio, lo que incluye tanto el impulso de obras públicas como el fomento de la educación, salud, cultura, y la mejora de la infraestructura.

Una de las responsabilidades clave del gobernador es la supervisión de la recaudación de las rentas departamentales, las que provienen de las entidades descentralizadas y aquellas que son objeto de transferencias por parte de la Nación. Esta función no solo asegura el flujo de recursos necesarios para el funcionamiento del departamento, sino que también permite al gobernador establecer estrategias para mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Asimismo, el líder departamental tiene la facultad de convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias, en las cuales solo se tratarán los temas previamente establecidos en el orden del día. Durante estas sesiones, el gobernador debe presentar proyectos clave, como los planes de desarrollo económico y social, obras públicas, y el presupuesto anual de rentas y gastos, los cuales orientarán la gestión del gobierno departamental durante los próximos años.
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