El 27 de noviembre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia anunciaría la creación de la primera área de reserva temporal del país. Este importante paso se da en el marco del controvertido Decreto 044 de 2024, que ha generado una fuerte oposición entre los gremios mineros y las Corporaciones Autónomas Regionales.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, será la encargada de dar a conocer la resolución en una rueda de prensa que se llevará a cabo en horas de la mañana de el miércoles.
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El anuncio se centra en la creación de una zona de reserva temporal en un área estratégica para la seguridad hídrica del país, particularmente en el departamento de Santander, donde la medida podría afectar la provincia de Soto Norte que tiene unas 119.000 hectáreas, de las cuales 41.000 están dentro del páramo de Santurbán y 78.000 fuera de él, área esta última que podría quedar bajo la nueva reserva temporal.
La creación de esta reserva no se llevará a cabo de manera inmediata. Sin embargo, antes de su implementación, el proyecto de resolución será publicado para la consulta pública, lo que permitirá que todos los interesados, incluidos los gremios mineros y las comunidades locales, envíen sus comentarios y sugerencias al Gobierno.
Según el decreto 044, la ministra de Ambiente tiene la facultad de establecer reservas temporales de hasta 10 años, durante los cuales se suspende cualquier actividad minera para permitir la realización de estudios ambientales. Además, durante la existencia de la reserva, ninguna autoridad ambiental podrá emitir licencias para la exploración ni para la explotación de minerales en la zona.
Búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico
El decreto 044 ha generado un debate más amplio en el que los gremios mineros reconocen la importancia de preservar los ecosistemas, pero insisten en que deben buscarse soluciones que permitan la coexistencia de la minería con la conservación de los recursos naturales.
El posible establecimiento de una reserva temporal en la región de Soto Norte ya ha provocado protestas en el gremio; en particular, se teme que esta medida afecte a unos 7.000 habitantes de los municipios de Vetas y California, y a aproximadamente 300 mineros que dependen de la minería para su sustento.
Sin embargo, a pesar de las tensiones, el 8 de noviembre, la ministra Muhamad aclaró que, durante una reunión con los líderes de las comunidades mineras del Bajo Cauca, no se acordó la suspensión de la ejecución del decreto. “Eso no es verdad”, afirmó la ministra, reiterando el compromiso del Gobierno de cumplir con la sentencia del Consejo de Estado de agosto de 2022, que respalda la aplicación del Decreto 044.
Además, Muhamad destacó que, aunque se acordó proporcionar acceso a información técnica y organizar mesas de trabajo con los actores involucrados, el proceso de consulta no detendría la aplicación del decreto. “Lo que sí vamos a dar es garantías de información, de participación, de consulta. Pero no será una consulta rápida”, aseguró, añadiendo que se daría un tiempo prudente para que se revisaran los comentarios recibidos.
La sentencia del Consejo de Estado y la defensa del Gobierno
El contexto de esta medida se enmarca en un fallo crucial del Consejo de Estado, que el pasado 12 de septiembre ratificó la validez del Decreto 044 de 2024. Esta sentencia confirma que el Estado colombiano tiene la autoridad para declarar y delimitar zonas de reservas naturales temporales en áreas mineras, un paso considerado fundamental para la protección del medio ambiente en regiones de alto valor ecológico.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado celebró la decisión, asegurando que el Gobierno cumplirá con las directrices del alto tribunal: “Es un precedente favorable para el Estado en materia de protección y conservación de ecosistemas frente a actividades mineras que se realicen en zonas de especial protección ambiental. Asegura la continuidad de las acciones que viene realizando el Gobierno nacional para la consolidación de un ordenamiento territorial minero ambiental”, afirmó el director general de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés
La justificación del Gobierno se fundamenta en la urgencia de salvaguardar los ecosistemas, una posición que cuenta con el respaldo de fallos anteriores del Consejo de Estado. En agosto de 2022, la Sección Primera del alto tribunal destacó las falencias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), las cuales permitían la explotación minera en áreas ambientalmente vulnerables. Esta situación sirvió de base para la adopción del Decreto 044, como una medida para corregir dichas deficiencias y proteger los recursos naturales del país.
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