El domingo 24 de noviembre de 2024, se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había solicitado al Gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, que se indulte a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, excomandante del Bloque Caribe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Dicha solicitud fue radicada por el embajador de Colombia en el país norteamericano, Daniel García-Peña, quien en una carta dirigida al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, conocida por Noticias Caracol, el hoy condenado por la justicia sea designado como gestor de paz, teniendo en cuenta que se adelantan conversaciones con las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia.
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Tras conocerse esta petición, se generaron posiciones divididas en la clase política colombiana. La mayoría de dirigentes aseguraron que es una forma de premiar a los criminales de lesa humanidad que tuvo el país.
Así lo mencionó el senador de Cambio Radical, David Luna, que en su cuenta de X expresó su rechazo a la petición hecha por el Gobierno colombiano a la Casa Blanca.
“Nuevamente el gobierno del lado de los criminales. Cuando la gente espera seguridad y control territorial, el gobierno responde pidiendo indultos y gestorías de paz para los victimarios”, escribió el congresista de oposición en sus redes sociales.
Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, fue condenado a 60 años de prisión por la justicia estadounidense, por su responsabilidad en el secuestro de los tres ciudadanos norteamericanos: Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, quienes fueron liberados el 2 de julio de 2008, durante la operación Jaque.
De igual forma, se le atribuye el asesinato de Consuelo Araujo Noguera, exministra de Cultura, ocurrido en 2001.
Otras reacciones frente al posible indulto a Simón Trinidad
El parlamentario de Cambio Radical no fue el único político que reaccionó a la petición del Gobierno Petro a los Estados Unidos.
También, otros exfuncionarios y dirigentes colombianos manifestaron su preocupación ante la probabilidad de que el Gobierno Biden autorice la liberación del señalado guerrillero, que está condenado a 60 años de prisión.
La senadora María Fernanda Cabal señaló que los milicianos de la extinta guerrilla deben estar pagando sus condenas en territorio norteamericano, y cuestiona el interés del Gobierno de Gustavo Petro para el posible indulto. “¿Qué tanto sabe el terrorista Trinidad que lo quieren aquí? Todo el secretariado de las FARC debería estar en EE. UU. pagando por narcotraficantes y asesinos”, escribió la congresista del Centro Democrático en la red social X.
Por su parte, el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, elevó una petición a la Casa Blanca para que nieguen la petición del Gobierno colombiano.
“Pido respetuosamente al gobierno del Presidente Joe Biden y al Secretario de Estado, Antony Blinken, en ningún caso aceptar la petición de liberar a Simón Trinidad, condenado por secuestro, narcotráfico, y terrorismo. Más impunidad no aporta a la paz ni a víctimas en Colombia”, comentó el exfuncionario.
No obstante, el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko, había pedido la liberación y repatriación de Simón Trinidad, durante un acto conmemorativo de los ocho años de la firma del acuerdo de Paz.
“No se explica que a estas alturas haya un elevado número de firmantes en las cárceles y no se concibe la inoperancia de todas las ramas del poder para obtener la repatriación y libertad de Simón Trinidad, arbitrariamente detenido en los Estados Unidos”, expresó el hoy líder de la colectividad de izquierda.
Sin embargo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, defendió la postura del Gobierno colombiano frente a la petición mencionada, y señaló que es una forma de contribución de Estados Unidos para la paz en Colombia. “Estamos diciendo que este sea un aporte a la paz en Colombia”, afirmó el diplomático en diálogo con Caracol Radio.
Adicionalmente, explicó que “no sería la primera vez que se acuda a este tipo de mecanismos, antes de que finalice un periodo presidencial en Estados Unidos”.
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