Acuerdo de paz: Defensoría del Pueblo hizo recomendaciones a Petro para priorizar compromisos con las mujeres víctimas del conflicto

Al cumplirse ocho años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que dio pie para que desmovilizara la guerrilla más antigua del continente, la Defensoría del Pueblo hizo el domingo 24 de noviembre siete importantes recomendaciones al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, para que se prioricen los compromisos que se establecieron con las mujeres víctimas del conflicto armado.

Aunque se reconocieron avances en este sentido, es claro para la entidad que dirige Iris Marín que se debe acelerar la ejecución de programas y proyectos que promueven el enfoque de género en el Acuerdo de Paz. “De 130 disposiciones, más del 50% aún no se han implementado. ¡Es hora de tomar medidas efectivas!”, expresó la organización, en relación con la implementación de lo pactado en la mesa, con rezagos significativos en la implementación del enfoque de género.

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“La implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz no da más espera”, fue la clara advertencia que hizo la Defensoría sobre este asunto, que ha sido fuente de discusión entre el jefe de Estado y sus contradictores, pues el jefe de Estado insiste en denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que hay una serie de decisiones de tipo legislativo que han impedido llevar a cabo los procesos que se necesitan, en especial en materia rural, para su óptimo desarrollo.

1. Acceso a tierras a favor de las mujeres rurales y campesinas: De acuerdo con la entidad, es necesario que los programas tengan mayor dinamismo. Para ello es indispensable actualizar la Ley 731 del 2002, que dispone de una serie de normas para favorecer a la mujer rural y responden, en sí, a los pactos hechos en el Acuerdo de Paz y los derechos reconocidos en el Acto Legislativo en el Congreso.

2. Participación política de las mujeres: Según la Defensoría, solo tres de las 16 circunscripciones especiales de las Curules de Paz (Citrep), están a cargo de mujeres. “Es necesario fortalecer medidas de protección frente a la violencia política de género y el financiamiento de sus campañas”, expresó la Defensoría.

3 y 4. Priorizar la justicia restaurativa y reparar a las mujeres víctimas de violencia de género, sexuales y reproductivas: Para la entidad, es crucial avanzar en el macrocaso 11 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en lo referente a las violencias de género. Por tal motivo, lanzó un llamado a que el tribunal transicional y el Gobierno prioricen la financiación y formulación de proyectos restaurativos que permitan, según la Defensoría, “reparar los daños de violencias de género, sexuales, reproductivas y por prejuicio”.

En el concepto del ente, es necesario que se concrete una ruta para que se establezca una reparación administrativa efectiva, como parte de la reforma a la Ley de Víctimas que se tramitó en el Congreso de la República. “Las mujeres étnicas y sus comunidades enfrentan obstáculos particulares para la participación efectiva en los programas que requieren medidas especiales”, complementó la Defensoría del Pueblo.

5. Seguridad para las mujeres firmantes y lideresas: En este aspecto, la organización que lidera Marín, precisó que el Programa Integral de Reincorporación y Plan de Garantías para Mujeres Lideresas, definido en el acuerdo, debe implementarse sin dilaciones. “Para las mujeres con pertenencia étnica y sus comunidades, las medidas de protección deben estar acompañadas de estrategias para disminuir las problemáticas estructurales que históricamente las han afectado”, agregó la Defensoría.

6. Inversión pública para mujeres en zonas clave: para la entidad, es prioritario que se asignen recursos específicos para la implementación de los programas Pdet. “Fortalecer oferta institucional en rutas de prevención, atención y protección.

7. El enfoque étnico debe permear todas las medidas con enfoque de género: en este sentido es claro para la Defensoría que no se están tomando las medidas requeridas para garantizar y respetar los derechos individuales y colectivos de los diferentes grupos étnicos. “Se deben construir medidas afirmativas que promuevan y garanticen la participación de las mujeres étnicas en condiciones de seguridad suficientes”, expresó la entidad.