En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, un grupo de exparamilitares, narcotraficantes, el exgobernador de La Guajira Kiko Gómez y el fundador de la pirámide DMG, David Murcia, manifestaron su respaldo a las iniciativas de paz del Gobierno Petro y realizaron varias solicitudes relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y los procesos judiciales en su contra.
La carta, revelada por Semana, destaca la importancia de construir una paz inclusiva y agradece al presidente Petro por nombrar a varios excomandantes paramilitares como gestores de paz. Los firmantes reiteraron su disposición de participar en procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reconciliación.
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“Por la paz todo lo que se puede hacer es válido, basta ya de matarnos y causar dolor”, señalan en la misiva.
Además, propusieron la instalación de mesas de paz en centros carcelarios como La Picota, Cómbita, Palo Gordo y la penitenciaría de Acacías, bajo la supervisión del Alto Comisionado para la Paz y los ministerios de Justicia e Interior. Según ellos, estas mesas permitirían articular esfuerzos en la búsqueda de una paz basada en justicia restaurativa y acompañada por la JEP.
Respaldo a una posible constituyente
Los firmantes también expresaron su apoyo a la convocatoria de una constituyente nacional, idea que ha sido planteada por el presidente Petro en ocasiones anteriores. Según el grupo, una constituyente abierta, democrática y pluralista sería clave para avanzar hacia una paz estable y duradera en Colombia.
“Les damos nuestras más sinceras felicitaciones y desde ya expresamos nuestro apoyo al llamado de usted, señor presidente, de una constituyente nacional o cualquier otro camino legal y humanitario que disponga, con miras a salvaguardar la democracia, la paz y la tranquilidad social de Colombia”, afirman en el documento.
Solicitud de apoyo de Estados Unidos
La carta dedica un apartado especial al rol de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Los firmantes pidieron que el país norteamericano colabore en la implementación de políticas que reduzcan los cultivos ilícitos y la producción de alcaloides, mientras se busca una solución judicial para los narcotraficantes colombianos solicitados en extradición.
Propusieron que las extradiciones se realicen bajo acuerdos que incluyan penas negociadas, beneficios judiciales y colaboración efectiva con las autoridades estadounidenses para desarticular las redes mafiosas.
“Para alcanzar el éxito deseado y llegar a la meta: una paz real, duradera y estable, es necesario contar con el apoyo incondicional de nuestro país amigo y aliado, como Estados Unidos, especialmente en la lucha contra las drogas y sus mafias”, señala la carta.
Asimismo, destacaron la importancia de que los condenados contribuyan entregando recursos obtenidos ilícitamente y suministrando información clave de inteligencia y judicial. Según los firmantes, estas medidas serían fundamentales para combatir el narcoterrorismo y garantizar un mayor alcance de los beneficios de paz para todos los actores del conflicto armado.
Compromiso con la verdad y la justicia
En su mensaje, los firmantes subrayaron su disposición de colaborar con la verdad y la justicia, comprometiéndose a apoyar los esfuerzos liderados por la JEP y la Corte Penal Internacional. Resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar la no repetición de los crímenes del pasado y avanzar hacia la reconciliación nacional.
“Nuestro anhelo es que todos los actores del conflicto armado gocen de los mismos beneficios de la paz”, concluye el documento.
Un contexto complejo
Esta carta llega en un momento en que el gobierno de Gustavo Petro busca consolidar su política de “paz total”, un enfoque que incluye diálogos con distintos actores armados y sociales del conflicto colombiano. Sin embargo, las propuestas planteadas por los firmantes podrían generar controversias, especialmente en torno a las solicitudes relacionadas con la extradición y los beneficios judiciales.
La misiva refleja las tensiones entre los objetivos de justicia y las necesidades pragmáticas de alcanzar acuerdos que permitan una paz más inclusiva, en un contexto donde las dinámicas del narcotráfico y el conflicto armado siguen siendo desafíos centrales para Colombia.
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