El viernes 15 de noviembre, la organización internacional de solidaridad Humanity & Inclusion (HI) informó un logro significativo: el municipio de Vegachí, en el nordeste antioqueño, fue declarado libre de sospechas de artefactos explosivos. Gracias a este avance, más de 13.000 habitantes ahora pueden transitar con seguridad, dejando atrás el temor a Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).
HI destacó que Vegachí fue una de las áreas más afectadas por las disputas territoriales entre grupos armados no estatales y la fuerza pública, un conflicto que puso en grave riesgo a la población civil. “Vegachí ha sido escenario de disputas por el control territorial entre grupos armados no estatales y la fuerza pública, afectando gravemente a la población civil, registrando 8 víctimas por MAP/MSE/AEI y convirtiendo el municipio en un área crítica de riesgo”, señaló la organización.
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Desde su llegada en 2021, HI se dedicó a liberar 10.922 metros cuadrados de territorio sospechoso y logró la destrucción de una munición sin explotar, tarea que requirió un enfoque técnico especializado y un compromiso constante con la comunidad.
Orlanda Londoño, residente de Vegachí, expresó con alivio el cambio que trajo la reciente declaración de su municipio como libre de sospechas de artefactos explosivos. “Antes nos decían que en la vereda podía haber minas. Ahora que van a declarar el municipio libre de minas estamos más tranquilos en nuestros proyectos productivos, en que los niños vayan a la escuela”, comentó.
HI informó que Vegachí se sumó a la lista de seis municipios del país que fueron declarados libres de sospecha de artefactos explosivos gracias a sus esfuerzos. Además de Vegachí, figuran Puracé, Inzá y Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, Acandí en Chocó y Yalí en Antioquia.
En Antioquia, HI trabaja por más de una década en diferentes municipios, incluyendo no solo Vegachí y Yalí, sino también Segovia y Remedios en el Nordeste, así como Nechí, Cáceres y Caucasia en la región del Bajo Cauca. Estos territorios, marcados por la violencia y la presencia de artefactos explosivos, fueron el foco de numerosas intervenciones destinadas a mitigar el impacto del conflicto armado en sus comunidades.
“En Antioquia hemos realizado acciones de atención integral a víctimas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la violencia armada y las personas con discapacidad”, explicó HI en un comunicado. Estas acciones incluyeron la provisión de apoyo legal, asistencia psicosocial entre pares y la implementación de proyectos de generación de ingresos que permitieron a las víctimas reconstruir sus vidas.
Colombia no ha logrado cumplir el compromiso de minas antipersonas
El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-EP generó en su momento un ambiente de esperanza para muchas regiones del país que fueron profundamente afectadas por décadas de violencia interna. No obstante, esta expectativa de estabilidad se fue desvaneciendo con el tiempo debido a la consolidación de otros grupos armados ilegales en varios territorios y al retorno a las armas por parte de algunos excombatientes que habían participado en el proceso de desmovilización.
Un claro ejemplo de esta problemática quedó evidenciado en el impacto que continuaron teniendo las minas antipersonales en el país. En 2023, se reportaron más de 60 víctimas afectadas por estos artefactos explosivos, sin contar las extensas áreas donde aún se mantiene la alerta debido a la presencia de campos minados. Aunque en los últimos años se implementaron diversas estrategias para abordar y erradicar este flagelo, Colombia sigue enfrentando dificultades para cumplir el compromiso adquirido en 1997, cuando se unió al Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso, almacenamiento, fabricación y transferencia de minas antipersonales.
Es por ello que, Colombia solicitó una tercera prórroga ante esta problemática hasta el 31 de diciembre de 2025 para cumplir con el Tratado de Ottawa, pero El Tiempo reveló que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz buscó extender el plazo cinco años más. La gravedad del problema quedó clara el 29 de mayo, cuando un concejal de Argelia, Cauca, fue víctima de una mina antipersonal mientras intentaba reconectar el agua en la zona afectada por las disidencias de las Farc. Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros meses de 2024 se emitieron más de 270 alertas, 147 de ellas de alto riesgo.
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