La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar sobre el caso de Mario Andrés Urán Martínez, el médico cirujano señalado de presunto direccionamiento de contratos en varias EPS.
La investigación se centra en los documentos y correos electrónicos que podrían evidenciar delitos cometidos por los gerentes e interventores de las EPS implicadas, como Servicio Occidental de Salud S.A. (S.O.S.), Asmet Salud EPS S.A.S., Emssanar EPS S.A.S., y Coosalud.
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En el auto de la Procuraduría se destaca un informe titulado “Plata girada a EPS fue a dar a paraísos fiscales, según investigación de la Superintendencia de Salud”, de la periodista Mariana Mejía, de Infobae Colombia.
En dicho informe, se señala que entre los posibles implicados en este escándalo se encuentran Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud, y los señores Tony Negrete e Indira Ocando. Estos últimos habrían actuado como intermediarios con empresas auditoras del sector salud, facilitando a Urán el acceso a información crítica relacionada con la asignación de recursos.
El superintendente de Salud saliente Luis Carlos Leal había presentado previamente una denuncia ante la Fiscalía, solicitando una investigación sobre los giros de dinero relacionados con el caso.
Luis Carlos Leal designó a tres interventores para supervisar la distribución de fondos a diversas IPS y hospitales. Sin embargo, según informes recientes, estos interventores podrían haber estado recibiendo instrucciones de Urán sobre a qué instituciones girarles dinero y a cuáles no.
Esta situación ha generado controversia, especialmente porque Leal fue quien solicitó que se investigara a los interventores y, posteriormente, fue removido de su cargo.
En particular, la Procuraduría está analizando si hubo irregularidades en los procesos de asignación de recursos y contratos, lo que podría incluir la selección indebida de laboratorios para la compra de medicamentos por parte de las EPS.
Las sospechas apuntan también a la posibilidad de que los recursos hayan sido desviados hacia paraísos fiscales, lo que agrava aún más las acusaciones.
El abogado de Urán, Andrés Garzón, ha desestimado las acusaciones, señalando que son meros “chismes palaciegos” y defendiendo la legalidad de los procesos que se realizaron. A pesar de su defensa, la investigación sigue su curso, en medio de un clima político tenso relacionado con la reforma al sistema de salud.
El dinero que habría sido dirigido a supuestos paraíso fiscales
El escándalo comenzó cuando se reveló que Urán, quien trabajaba como asesor de varias EPS, había influido en la asignación de recursos a ciertas IPS y hospitales, lo que generó sospechas sobre el direccionamiento de contratos.
Las EPS implicadas, como Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), Asmet Salud EPS, y Emssanar EPS, decidieron terminar su relación contractual con Urán, mientras que Coosalud también se distanció del médico.
De hecho, el correo corporativo asignado a Urán por Coosalud fue utilizado para enviar información relevante a otras EPS, lo que el médico calificó como una mala praxis en el manejo del correo.
De acuerdo con El Tiempo, la auditora privada Nexia Montes y Asociado SAS, contratada por la Supersalud para revisar los casos, es la misma firma que había revisado las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022-2026. Esto ha generado suspicacias sobre la posible motivación política detrás de las investigaciones.
Fuentes del gobierno sugieren que el caso podría estar siendo utilizado con fines políticos, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Finalmente, se ha vinculado a Urán con Roy Barreras Montealegre, actual embajador de Colombia en el Reino Unido, quien ha negado cualquier relación con el caso.
La situación ha generado un debate sobre la transparencia y el manejo de recursos en el sector salud, lo que pone más presión sobre la administración de Petro, que está en medio de un proceso de reforma al sistema de salud.
Coosalud responde a acusaciones y solicita audiencia con el presidente Petro
En este contexto, Coosalud EPS ha respondido a los recientes pronunciamientos sobre presuntos desvíos de dineros hacia paraísos fiscales.
A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la empresa presentó una certificación del Banco GNB Sudameris, que confirma que no se han realizado transferencias internacionales desde sus cuentas maestras. Además, solicitaron una certificación similar al Banco de la República para aclarar cualquier duda al respecto.
Coosalud también desmintió un documento que circula en redes sociales, bajo el nombre “Informe preliminar diligencia Supersalud”, en el que se mencionaba que la empresa tenía vínculos con Venum Investments 2020.
La EPS asegura que no tiene ningún tipo de relación con esta empresa y denunció que ha sido objeto de campañas sistemáticas de descrédito y desinformación. En su carta, solicitó una audiencia con el presidente Petro, con el fin de esclarecer la situación y restaurar su buen nombre.
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