Ministro del Interior tildó de inaceptable el paro armado del ELN en Chocó: “Son más de 40.000 familias”

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, calificó de inaceptable el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó. Según declaraciones del funcionario, esta medida afecta gravemente a más de 40.000 familias en la región, exacerbando una situación humanitaria ya crítica debido a las condiciones climáticas adversas.

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“El tema de Chocó, sobre todo, es muy grave; a mí, francamente, me duele mucho lo que está pasando. Son más de 40.000 familias. Al Gobierno le duele profundamente la situación en Chocó, y es francamente inaudito, inaceptable, que en medio de esa situación que está viviendo el pueblo chocoano, y cuando el Gobierno y el ELN estaban conversando para asumir las negociaciones, estos señores del ELN demuestren lo desconectados que están del pueblo colombiano”, expresó el ministro.

Cristo destacó que el paro armado interfiere con la llegada de ayuda humanitaria y el desplazamiento de personas que buscan sobrevivir en medio de una emergencia invernal. Además, enfatizó que el Gobierno está profundamente preocupado por la situación en Chocó, y considera inaudito que el ELN insista en acciones que agravan la crisis humanitaria.

El contexto de estas declaraciones se da mientras la administración Petro y el ELN mantenían conversaciones para explorar la posibilidad de iniciar negociaciones de paz. Sin embargo, el anuncio del paro armado por parte del grupo insurgente ha sido interpretado como una muestra de desconexión con las necesidades del pueblo colombiano, según el ministro.

El Gobierno le exigió a esa guerrilla que ponga fin al paro armado de inmediato , señalando que estas acciones no solo afectan a las familias de Chocó, sino que también obstaculizan los esfuerzos para brindar asistencia a los afectados por las lluvias intensas y las inundaciones en la región.

Añadió que imponen “un paro armado para agravar aún más una situación humanitaria dramática, que está atravesando la gente de Chocó. Nuevamente, insistimos y exigimos al ELN que ponga fin al paro armado, que afecta gravemente la llegada de ayuda humanitaria y el desplazamiento de las personas que necesitan moverse para sobrevivir en una situación que, ya de por sí, con la emergencia invernal, es bastante grave”.

La situación en Chocó es particularmente alarmante, y el Gobierno colombiano ha reiterado su compromiso de buscar soluciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Sin embargo, la persistencia del conflicto armado y las acciones del ELN complican los esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad en la región.

La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por los desplazamientos forzados y confinamientos que se están produciendo en el departamento del Chocó, Colombia. Esta situación se ha intensificado desde el 9 de noviembre de 2024, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un paro armado indefinido en varias zonas rurales, afectando a más de 50.000 habitantes en las áreas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón.

El ELN ha justificado esta medida como una respuesta a las supuestas agresiones de la Armada Nacional, que, según los guerrilleros, ha incrementado sus operaciones en la región. En un comunicado, el grupo insurgente instó a la población a acatar las restricciones impuestas para evitar incidentes y advirtió sobre posibles consecuencias si sus instrucciones son ignoradas.

Este paro armado ha generado un clima de tensión y temor entre los habitantes de las zonas afectadas, quienes enfrentan restricciones en su movilidad y acceso a servicios básicos. La situación ha llevado a un aumento en los desplazamientos forzados, ya que muchas familias buscan refugio en áreas más seguras para protegerse de posibles enfrentamientos.

La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes que garanticen la seguridad y el bienestar de la población civil atrapada en medio del conflicto. Asimismo, ha solicitado que se establezcan corredores humanitarios que permitan el acceso de ayuda y asistencia a las comunidades afectadas.

El contexto de violencia en el Chocó no es nuevo, ya que esta región ha sido históricamente escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerzas del Estado. Sin embargo, la reciente escalada del conflicto ha exacerbado la crisis humanitaria en la zona, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas.