En una nueva cruzada contra lo que considera una de las injustas medidas del Gobierno, el exministro de Justicia de Iván Duque Márquez, Wilson Ruiz Orejuela, que recientemente se ha denominado como un activista más, radicó el martes 12 de noviembre una demanda ante el Consejo de Estado por las resoluciones que divulgó el Instituto Nacional de Vías (Invías): que pondría en marcha el cobro de valorización en la vía al mar, entre Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico).
La acción legal busca la nulidad de varias resoluciones emitidas durante 2023 y 2024 que, según el demandante, imponen un cobro inconstitucional de valorización sobre la comunidad que reside al lado y lado de este trayecto vial. De acuerdo con el exmiembro del gabinete de Estado, estas resoluciones establecen la Contribución Nacional de Valorización para financiar el proyecto vial entre ambas ciudades, para la terminación de la Circunvalar de la Prosperidad.
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A juicio del exministro, estas disposiciones del Invías obligan a la población de la región Caribe a asumir costos desproporcionados. Y expresó que “se trata de un esquema que obliga a los habitantes de la región Caribe a asumir costos que no se traducen en un beneficio proporcional, afectando su bienestar y estabilidad económica”; así como lo han indicado algunos de los senadores de la región Caribe, como Mauricio Gómez Amín y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda.
“Hoy quiero contarles una buena noticia. Hoy he demandado al Invías para detener un cobro inconstitucional: el impuesto a la Contribución Nacional de Valorización que les quieren hacer pagar, imagínese ustedes, por el proyecto de infraestructura vial Cartagena-Barranquilla. Este cobro impone una carga económica excesiva y desproporcionada sobre ustedes. Nuestra Constitución protege la Justicia y la equidad tributaria”, advirtió Ruiz en sus declaraciones.
“No voy a permitir que sus derechos sean vulnerados”
En la demanda presentada ante el Consejo de Estado, el exministro Ruiz hizo énfasis en la ausencia de un análisis adecuado de la capacidad contributiva de los habitantes de la región, al momento de emitir estas resoluciones, y la falta de consultas previas a la comunidad afectada. “El bienestar de la región Caribe no puede depender de decisiones unilaterales”, declaró accionante, que quiere hacer respetar los principios de equidad y proporcionalidad en cualquier política fiscal.
Las resoluciones objeto de la acción judicial presentada por Ruiz son las 1729 del 26 de mayo de 2023, 2615 del 27 de junio de 2024, y 3856 del 26 de agosto de 2024. Estas normativas, según el jurista, generan una carga económica inesperada al no considerar el impacto financiero y social en la población. Sobre todo, porque pretenderían ser aplicados posterior a la finalización del proyecto vial, lo que trae consigo una carga “inesperada” para los contribuyentes.
“Porque no voy a permitir que sus derechos sean vulnerados con impuestos que definitivamente afectan su estabilidad económica y bienestar. Esta demanda es por ustedes para tener un cobro y justificado”, afirmó el exministro de Justicia, que también solicitó la intervención del alto tribunal para determinar la falta de competencia del Ministerio de Transporte: una entidad que, aseguró, carece del respaldo en estudios técnicos exhaustivos que justifiquen tales costos
Cabe destacar que, con la intención del Gobierno, según explicó el senador Gómez Amín, en el Atlántico se verán afectados 180.633 predios, de siete municipios, entre ellos Barranquilla, con 89.168. Mientras, en lo que respecta a Bolívar serán 68.023 predios; de ellos, 66.303 en Cartagena, para un total de 248.653 predios, a los que se les cobraría $724.000 millones. Todo esto en un contexto en el que, según explicó, el cobro del gas subió un 28%, el de la luz, un 45%, el de la gasolina, un 68%, y de los peajes, un 4,6%.
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