Escándalo en el Concejo de Medellín: se habrían gastado 113 millones de pesos para mejorar su imagen

El Concejo de Medellín está metida en otro escándalo, tras conocerse un contrato avaluado en 113 millones de pesos, con el propósito de mejorar la imagen del cabildo distrital.

La denuncia fue expuesta por el activista Miguel Gutiérrez, quien señaló que esta directiva es una clara contradicción con las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón sobre el principio de austeridad en las dependencias locales.

“Con un equipo de comunicaciones ya presente en el Concejo, sería lógico esperar que estos asuntos se gestionen internamente, sin requerir una inversión tan elevada, y que, además, se ejecute antes del 31 de diciembre”, expresó el líder antioqueño en sus redes sociales.

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A su vez, Miguel Gutiérrez sostuvo: “Este gasto no solo parece innecesario, sino que contradice el principio de austeridad que tanto han promovido Fico y Andrés Julián. ¿Dónde quedó la promesa de optimizar el uso de los recursos públicos?”

Adicionalmente, el activista paisa envió un mensaje a los concejales para que se reconsidere el documento, al considerar que, con sus alcances en las redes sociales, es aceptable la exposición del cabildo distrital de la capital antioqueña. “Reflexionemos: ¿es esta realmente una prioridad para la ciudad, con tantas otras necesidades urgentes?”, concluyó.

Por su parte, la abogada Gloria Jaramillo, conocida por sus críticas a la gestión del exalcalde Daniel Quintero, también expresó su desacuerdo con este contrato, al mencionar que existen otras necesidades que requieren la atención de las autoridades locales.

“¿Quieren mejorar la imagen? Denle la dignidad y altura que el cargo merece, dejen de actuar como adolescentes en redes sociales y en las sesiones, respeten a la ciudad y a las personas que la integran sin importar su orilla política, y por último, y no menos importante, cuiden lo público porque es de todos”, manifestó la abogada en su cuenta de X.

Según lo estipulado en el contrato N.º 4600102791, firmado por el secretario general, Conrado de Jesús Torres Graciano, su objetivo es la “prestación de servicios profesionales para realizar un diagnóstico de marca y una campaña publicitaria que permita mejorar la imagen, favorabilidad y reconocimiento del Concejo Distrital de Medellín ante sus grupos de valor”.

Además, el documento resalta la necesidad de realizar un diagnóstico de marca para mejorar la reputación y favorabilidad del Concejo distrital. “Resulta oportuno y pertinente realizar un diagnóstico de marca”, se lee en el contrato mencionado.

También, se contemplan varias fases de ejecución del contrato como “la revisión de la estrategia actual de Comunicaciones de la Corporación, específicamente en su componente digital Facebook, Instagram, X, TikTok y Spotify”, así como su nuevo plan comunicacional, teniendo en cuenta la recién sancionada ley ‘Chao Marcas de Gobierno’ que prohíbe las marcas personalizadas y buscar reducir la austeridad del Estado.

“Innovar con una nueva narrativa y una nueva estrategia de comunicación pública, con mensajes cercanos y acordes con las necesidades de las nuevas audiencias, permitirá conectar de una mejor forma con la ciudadanía, lo que en últimas redunda en un mayor conocimiento del quehacer misional del Concejo y en su reconocimiento y reputación en el ámbito local, regional y nacional”, dice el contrato mencionado.

No obstante, la secretaría del cabildo manifestó que el contrato de publicidad fue malinterpretado, ya que no se busca mejorar la imagen del concejo, sino que “pretende actualizar el branding institucional, que no se modifica desde 2012”, según declaraciones a Caracol Radio.

Agregó que “el verdadero propósito es alinear la identidad institucional con el estatus actual de Medellín como distrito especial”, por lo que descartó que fuera un acto de corrupción, tal como lo señalaron los usuarios en redes sociales.

Por su parte, el presidente del Concejo, Andrés Tobón, declaró en Blu Radio que este contrato no se incluyen dentro de sus competencias. “El presidente de la corporación no es ordenador del gasto y no suscribe ningún contrato”, expresó Tobón al citado medio de comunicación.