Otty Patiño, comisionado de paz de Colombia, expresó su esperanza sobre el reinicio del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Al ser preguntado sobre el avance de las reuniones, Patiño comentó: “Cruzando dedos, cruzando dedos, para que todo salga bien, para que se reanude el proceso. No solamente en el tema de cesión al fuego, que también desde luego es importante, sino también en un cese al fuego que beneficia la población, fundamentalmente”.
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Estas palabras reflejan la urgencia de alcanzar un acuerdo que garantice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, en medio de un contexto marcado por la violencia en el país.
El 2 de noviembre, la delegación del ELN llegó a Caracas para reanudar las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, un proceso que ha estado paralizado desde mayo.
Según informó el Gobierno, este encuentro busca analizar la situación actual de Colombia y los factores que han llevado a la crisis en la mesa de diálogos, con el objetivo de encontrar soluciones políticas al conflicto armado.
En un comunicado, el ELN manifestó que su participación en estas conversaciones responde a solicitudes de diversos sectores de la sociedad colombiana.
La guerrilla sostiene que una solución al conflicto es posible si se abordan las causas subyacentes y se acuerdan las transformaciones necesarias para el país, tal como se establece en el Acuerdo de México firmado en marzo de 2023.
La delegación del gobierno, que permanecerá en la capital venezolana hasta el 7 de noviembre, está compuesta por figuras clave como Vera Grabe, el senador Iván Cepeda, el almirante Orlando Romero y Rodrigo Botero.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la delegación, enfatizó la necesidad de que el grupo guerrillero demuestre su compromiso con la paz, especialmente en temas como el reclutamiento de menores y los secuestros. La viabilidad de las negociaciones, según Grabe, depende de una manifestación clara de voluntad por parte del ELN.
A pesar de haber firmado 28 acuerdos parciales y logrado una suspensión temporal de los secuestros, las conversaciones con el ELN, una de las siete mesas de la ‘paz total’, se encuentran congeladas desde hace meses.
De acuerdo con El Tiempo, las tensiones aumentaron cuando el gobierno decidió continuar los acercamientos con el frente Comuneros del Sur, un grupo que se separó del comando central del ELN, lo que exacerbó la crisis.
El ELN condicionó la extensión del cese al fuego, que terminó el 3 de agosto, a la publicación de un decreto presidencial que los retirara de la lista de grupos armados organizados, una demanda que el gobierno no aceptó.
Tras esta negativa, el grupo guerrillero intensificó sus acciones ofensivas en varias regiones de Colombia, incluyendo ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas y atentados contra las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, Diego Arias, analista y excombatiente del M-19, es menos optimista sobre el futuro de las negociaciones, calificándolas como una “paz difícil”. Arias señala que, aunque ha habido avances, los temas estructurales de la agenda de negociación hacen poco probable un acuerdo exitoso en esta administración.
Los combates del ELN y las Farc en Arauca
Mientras continúan las negociaciones, los combates entre las disidencias de las FARC y el ELN siguen intensificándose. Arauca atraviesa una grave crisis de orden público debido a la disputa territorial entre estos grupos armados.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que los enfrentamientos han puesto en riesgo la vida y la seguridad de los habitantes de varias veredas y resguardos indígenas en Tame y Arauquita, exacerbando la situación de vulnerabilidad en la región.
La situación se ha agravado desde junio, con un aumento significativo de homicidios selectivos, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos.
El conflicto ha cobrado la vida de 143 personas en lo que va del año, incluyendo 18 líderes sociales y ocho mujeres, informó la Defensoría.
Además, al menos 132 familias, equivalentes a 412 personas, han sido desplazadas. La violencia ha afectado a 14 veredas y tres resguardos indígenas en Tame, 21 veredas y tres resguardos en Arauquita, y nueve veredas en Puerto Rondón.
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