
La reciente aprobación en el Senado de la República, en sexto debate, del proyecto de Acto Legislativo Acto Legislativo No.018 de 2024 Senado -437 de 2024 Cámara, “por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, abrió un debate necesario sobre la descentralización y la sostenibilidad fiscal en Colombia.
Con la iniciativa se busca modificar la forma en la que la Nación transfiere recursos a alcaldes y gobernadores, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, principalmente, algo que puso a muchos expertos a hablar del tema.
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Ante muchas dudas y frente a la alerta de entidades como la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), se logró un acuerdo y es que se reducirán las transferencias a municipios y departamentos. Estas pasarán de 46,5% a 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación.
Fortalecimiento de la autonomía regional
Ahora, los principales gremios del país se pronunciaron al respecto. Lo hicieron por medio del Consejo Gremial Nacional (CGN), que preside Bruce Mac Master. Para este, sin duda, el hecho fortalecer la autonomía de las regiones es un paso importante para mejorar el desarrollo territorial.
Estos aseguraron estar convencidos de la necesidad de la modificación del SGP, sin embargo, consideran que este es solo uno de los aspectos que deben ser analizados dentro de las iniciativas para fortalecer la autonomía territorial de las regiones.
“Más recursos no garantizan una mayor autonomía, como lo han demostrado experiencias previas con el Situado Fiscal y la participación en los ingresos corrientes de la Nación. La autonomía genuina requiere una planificación cuidadosa, que permita a las regiones asumir competencias según sus capacidades reales”, expusieron.

Capacidad de gestionar los recursos
Sin embargo, para el CGN surge la siguiente pregunta: “¿Tienen algunas entidades territoriales, especialmente las más marginadas, la capacidad de gestionar estos recursos?”, Al respecto, remarcó que aunque la descentralización es esencial, competencias clave como la seguridad y la administración de justicia deben mantenerse en el ámbito nacional, ya que exceden las capacidades y recursos locales.
Además, “el fortalecimiento territorial debería centrarse en áreas donde las regiones puedan asumir un rol sostenible, evitando una dependencia creciente de los recursos nacionales y promoviendo su capacidad para generar ingresos propios”.
Dos puntos clave
El Consejo Gremial Nacional considera indispensable que este proyecto de Acto Legislativo cumpla con los siguientes dos puntos:
- Cuente con el análisis del impacto fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que detalle sus implicaciones en la regla fiscal de la Nación, como criterio constitucional para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho.
- Defina en el mismo proyecto la redistribución de competencias o responsabilidades que asumirán las entidades territoriales, de tal manera que se reconozca la realidad diferenciada particular de cada uno de los entes territoriales, máxime si se tiene en cuenta que las regiones colombianas son extremadamente heterogéneas en su capacidad administrativa y financiera.

Asimismo, se advirtió que la estabilidad económica de Colombia depende de decisiones responsables que generen confianza en los mercados nacionales e internacionales, que ya evalúan los impactos futuros de esta reforma en la solvencia del país.
Por eso, el Consejo Gremial hizo un llamado para que, en el proceso de implementación, se considere un balance adecuado entre descentralización y sostenibilidad fiscal, para asegurar que esta transformación en el SGP se traduzca en un crecimiento real y en una mayor calidad de vida para todos los colombianos.
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