
La Superintendencia de Sociedades ha rechazado la solicitud de Credivalores-Crediservicios para acogerse a un proceso de insolvencia empresarial, impidiendo que esta compañía utilice una reorganización para renegociar sus deudas, de acuerdo con información obtenida por la Revista Semana.
Esta entidad financiera no bancaria, fundada por David Seinjet y cuyo accionista mayoritario es el fondo de inversión GDA Luma con el 40% de participación, ha enfrentado dificultades económicas significativas en los últimos meses.

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En agosto pasado, Credivalores acudió a la Superintendencia de Sociedades para solicitar la admisión al proceso de reorganización empresarial bajo la Ley de Insolvencia 1116 de 2006, con la intención de manejar sus deudas en mejores condiciones.
Para ese momento, la empresa registraba pasivos que alcanzaban los 1,5 billones de pesos y tenía cuentas por pagar de 226.071 millones de pesos, en contraste con sus cuentas por cobrar, que sumaban 131.135 millones de pesos.
Además, la firma enfrentaba un impago de bonos por un valor de 95.940 millones de pesos, respaldados en un 70% por el Fondo Nacional de Garantías. La solicitud de reorganización, sin embargo, fue denegada luego de un análisis detallado por parte de la Superintendencia.
Según el documento emitido el 31 de octubre, el ente regulador realizó requerimientos adicionales de información para evaluar la solicitud de acogimiento a la Ley de Insolvencia.
Uno de los puntos exigidos fue que Credivalores “acredite, mediante prueba idónea, que la sociedad lleva contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”. No obstante, según el auto de la Superintendencia, esta solicitud no fue atendida en su totalidad por la compañía.
La Superintendencia también solicitó a Credivalores la presentación de un inventario detallado de sus activos y pasivos con fecha de corte al último día del mes anterior a la solicitud. Si bien la empresa entregó el documento solicitado, la información incluía únicamente valores agregados y no detalles específicos que permitieran identificar cada activo y pasivo en su estado financiero. La Superintendencia indicó que este incumplimiento dificultó el análisis necesario para tomar una decisión sobre el proceso de reorganización.
Por otro lado, la proyección de flujo de caja de Credivalores también fue cuestionada por la entidad de control. El reporte exigido debía incluir, además de la planificación para el pago de obligaciones según su prelación legal, las posiciones iniciales de efectivo, clasificaciones de entradas y salidas de fondos en operación, inversión y financiamiento, así como el saldo final de efectivo para cada periodo. Sin embargo, esta información no fue entregada en los términos requeridos.
Finalmente, la Superintendencia señaló que Credivalores no cumplió con los plazos estipulados de 10 días hábiles para la entrega de documentos, que vencieron el 11 de octubre. En el informe se menciona que varios de los documentos enviados llegaron fuera del plazo.
La decisión de la Superintendencia de Sociedades marca un obstáculo para Credivalores en su intención de acogerse a una reorganización de sus obligaciones, lo cual podría dificultar aún más su situación financiera.
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