Reforma a la justicia: líderes sociales rechazaron artículo que reduce penas a agresores infantiles

El martes 29 de octubre de 2024, se confirmó la radicación de una carta en la Comisión Primera del Senado, dirigida al senador Ariel Ávila, presidente de la comisión, en la que más de 250 mujeres líderes y representantes de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la reforma a la justicia impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

La misiva, que fue firmada por Catalina Escobar Restrepo, presidenta de la Fundación Juanfe, expuso la preocupación de un amplio sector de la sociedad por el artículo 7 de dicha reforma, el cual, propone reducir penas a quienes cometan delitos atroces contra menores.

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Escobar Restrepo, a través de su cuenta en X, se pronunció sobre la comunicación y explicó que esta reforma representa una amenaza a los derechos de los niños en Colombia, pues en su mensaje, la activista enfatizó la necesidad de proteger a la infancia y advirtió sobre los riesgos de conceder reducciones de pena a personas condenadas por crímenes graves contra menores: “Los derechos de los niños NO SE NEGOCIAN”, sentenció Escobar en su publicación.

En el documento firmado por empresarias, académicas, representantes de fundaciones y otros líderes del sector social, se resaltó el compromiso de las mujeres en Colombia con la protección de los derechos de la niñez, por lo que enfatizaron un “rechazo unánime” a cualquier beneficio de reducción de penas para aquellos que hayan sido condenados por crímenes atroces contra menores de edad.

“Esta comunicación representa una respuesta unánime de rechazo a la reforma que propone otorgar beneficios de reducción punitiva a los condenados por delitos graves contra menores”, se lee en el documento.

Por tal motivo, las firmantes expresaron su profunda preocupación sobre los riesgos de esta medida, la cual, consideraron como una amenaza a la seguridad y el bienestar de la infancia, dado que los niños son “el futuro de nuestro país y merecen vivir en un entorno seguro, libre de amenazas”.

Además, las firmantes reafirmaron el compromiso de la Fundación Juanfe y de otras organizaciones de trabajar para proteger y defender los derechos de los menores, por lo que aseguraron que ofrecen su apoyo a cualquier proyecto legislativo que busque fortalecer la protección de los mismos.

También solicitaron al senador Ariel Ávila y a la Comisión Primera del Senado que se tome en cuenta esta voz de alerta en las discusiones sobre la reforma.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, salió al paso de las críticas y explicó en una entrevista con Noticias Caracol Ahora que el artículo 7 no implica impunidad para los autores de delitos graves contra menores, pues según Buitrago, las penas seguirán siendo significativas con un mínimo de 14 años y un máximo de hasta 40 años de prisión.

En ese sentido, la ministra afirmó que la reforma contempla una reducción de penas para aquellos condenados que admitan su culpabilidad en casos de homicidio y abuso sexual contra menores, solo en el caso de preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía; sin embargo, aseguró que el objetivo no es disminuir la gravedad de estos crímenes ni otorgar beneficios indebidos a los condenados, sino optimizar la administración de justicia.

Ángela María Buitrago enfatizó que su intención es atender las preocupaciones de la sociedad y de los legisladores, por lo que está abierta a discutir el artículo en cuestión y, si es necesario, eliminarlo.

“Estamos recibiendo toda la retroalimentación y yo más que nadie estoy convencida de que en los casos en los que se evalúe que no debe ir, no va”.

La ministra destacó que la discusión en torno al artículo 7 se mantiene activa en el Congreso y aseguró que el gobierno está dispuesto a realizar ajustes con base en los comentarios y preocupaciones recibidos.