Durante labores de registro y control, uniformados de la Policía nacional reportaron la captura de un hombre que tenía una orden judicial vigente por el delito de homicidio agravado.
La captura se efectuó en la autopista Norte de Medellín, en medio de un operativo rutinario adelantado por la institución en este sector de la capital antioqueña. Allí, detuvieron a un hombre que se movilizaba en un vehículo particular, y al momento de exigir su documento de identificación, las autoridades notaron la falta de autenticidad del documento presentado por el sujeto.
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Por ello, dispusieron de un dispositivo de identificación biométrica, en el que confirmaron la falsedad de la identificación y la verdadera identidad del hombre.
“El conductor entregó un documento de identidad que no presentaba las características de originalidad. Por medio de los dispositivos de identificación biométrica, con que cuenta los uniformados, se pudo identificar que esta persona era requerida por un juzgado de ejecución de penas por el delito de homicidio”, mencionó el brigadier General William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
El sistema detectó que este individuo tenía una orden de captura vigente por homicidio agravado, emitida por un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Antioquia, tras un crimen ocurrido en el municipio de San Rafael en el 2009. Adicionalmente, el sujeto era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) al tener circular roja en este organismo, considerado como un fugitivo internacional.
“Una vez más, el uso de herramientas de identificación biométrica permitieron la detención de un presunto homicida que se encontraba prófugo de la justicia”, señaló el alto oficial.
El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde definirá su situación ante la justicia, y se indaga si es responsable de otros delitos cometidos en el territorio antioqueño.
Capturan a empleada de hotel de Medellín por alojar migrantes cubanos
Por otra parte, la Policía Metropolitana de Medellín informó la captura de Gloria Milena Álvarez Quinchía, quien trabajaba en un reconocido hotel de la ciudad, pero que fue señalada como principal colaboradora de una red de tráfico de migrantes irregulares que opera en la capital antioqueña.
Según la investigación, la mujer había aprovechado su condición en el hotel para hospedar ilegalmente a ciudadanos de nacionalidad cubana, quienes eran transportados hasta el municipio de Capurganá, Chocó, y luego enviados en lanchas rápidas a Panamá, para continuar su travesía hacia Estados Unidos.
Álvarez Quinchia fue llevada ante un juez de control de garantías, donde aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por las autoridades, por lo que fue enviada a prisión. Además, se le impuso una multa de 1.383 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y una suspensión de 50 años para ejercer funciones públicas.
A la cárcel estadounidense por explotación sexual de menores en Medellín
De otro lado, las autoridades detuvieron a un ciudadano de nacionalidad estadounidense, de 72 años, por el delito de explotación sexual de menores en Medellín.
Se trata de Thomas Michael Renno, quien fue detenido por uniformados de la Policía en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, quien es acusado por haber localizado a niñas y adolescentes de la capital antioqueña, a través de las redes sociales.
“Al menos cinco víctimas, entre 13 a 17 años de edad, habrían sido contactadas por un ciudadano estadounidense quien, al parecer, les ofreció dinero para que accedieran a sus propósitos sexuales”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.
Así mismo, el ente acusador resaltó que este sujeto ofrecía diversas sumas de dinero para concretar los encuentros íntimos, y se ocultaba en diferentes perfiles en redes sociales para cometer los delitos mencionados.
De acuerdo con la investigación, en septiembre de 2018, se emitió una alerta recibida de las autoridades de Estados Unidos, que puso en evidencia el actuar delictivo de Renno, ya que fue ubicado un computador utilizado para publicar contenido sexual explícito y ofrecer en diferentes aplicativos servicios íntimos con menores de edad.
Por estos hechos, un juez de control de garantías ordenó al ciudadano norteamericano una condena de 30 años y seis meses de prisión por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años agravado, y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales agravadas en concurso homogéneo y sucesivo.
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