
Pequeños mineros de Santander han expresado su inconformidad con el Gobierno Nacional debido a la falta de atención al Decreto 044 en las mesas de diálogo que se realizan en Bucaramanga y Caucasia, de acuerdo con información recopilada por la emisora Blu Radio.
Ivonne González, representante de los mineros, citada por ese medio, criticó al Gobierno por intentar “hacerle conejo” a la comunidad minera al excluir este tema de las negociaciones, pese a la insistencia de los mineros para que sea tratado.
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El Decreto 044, que delimita las zonas de reserva natural, es un punto de gran controversia. Según lo que ha señalado la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, este decreto busca proteger áreas estratégicas, pero ha sido fuertemente rechazado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y Fenalcarbón, ya que podría paralizar proyectos mineros durante cinco años, lo que afectaría tanto a operaciones vigentes como a aquellas que están en proceso de licenciamiento.
En las mesas de diálogo, tanto el ministro de Minas, Andrés Camacho, como la viceministra de Ordenamiento Territorial, Tatiana Roa Avendaño, han evitado discutir este tema, lo que ha generado indignación en el gremio de pequeños y medianos mineros.
Según González, “nos justifican la exclusión alegando que las protestas son predominantemente campesinas”, pero recordó que más de 2.000 mineros se manifestaron el pasado 16 de octubre frente al Ministerio de Ambiente, exigiendo que sus preocupaciones sean escuchadas.
Los mineros han advertido que no permitirán que se les excluya de las negociaciones, y González aseguró que su grupo está dispuesto a seguir participando en las mesas, al tiempo que confirmaba su inminente viaje a Caucasia para reunirse con el ministro.
Además, subrayó que cualquier delegado está autorizado para tomar decisiones en representación de los mineros de Santander, Córdoba, Chocó y Risaralda, lo que refleja la unidad del sector frente a esta problemática.
El gremio minero también ha emitido un comunicado en el que critica al Gobierno por su defensa del decreto, señalando que “la implementación arbitraria de estas áreas, sin concertación ni estudios técnicos adecuados, podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas”.
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Los mineros temen que miles de familias que dependen de la minería podrían verse desplazadas si no se respetan sus derechos.
Finalmente, los pequeños mineros han lanzado una pregunta al Gobierno: “¿Cuántas movilizaciones más serán necesarias para que respeten nuestros derechos?”, exigiendo soluciones claras y garantías para sus actividades.
La tensión sigue en aumento mientras las comunidades mineras se preparan para continuar su lucha en defensa de su sustento y derechos.
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